A lo largo de su carrera, había atravesado decenas de denuncias y varios procesos de destitución, inclusive el primero de ellos, en el Senado de la Nación. Y, el peronismo, primero el que encarnaba Carlos Menem y, después, Néstor y Cristina Kirchner, siempre lo ayudó.
En esta ocasión, Oyarbide tanteó para ver si, una vez más, podía salir indemne. Pero hombres allegados a Macri le hicieron saber que su suerte estaba jugada.
Por eso, en diciembre ya aniticipó que presentaría su jubilación y el 15 de marzo, el mismo día que el Consejo de la Magistratura decidió avanzar contra él por mal desempeño, Oyarbide confirmó que presentaba su trámite jubilatorio.
El Consejo lo investiga por haber frenado veinte allanamientos después de haber recibido una llamada de la Casa Rosada, cuando Cristina Kirchner era jefa de Estado. Este hecho lo admitió el propio Oyarbide frente a las cámaras de televisión.
Ahora, el Consejo estaba dispuesto a suspenderlo. Y ahí enfrentaría un incómodo proceso de destitución y perdería su jubilación de juez (ciento por ciento de su sueldo).
Oyarbide quiso ahorrarse ambos inconvenientes: no atravesar un juicio vergonzoso y no perder su jubilación, aún cuando es un hombre de fortuna que no necesitaría ese retiro.
Por su parte, el Gobierno puede mostrar esta renuncia como el inicio de un proceso de renovación, a la vez que todo ocurre en un momento en que los colegas de Oyarbide se decidieron a investigar causas de corrupción, llamaron a indagatoria a Ricardo Jaime, Lazaro Báez, Julio De Vido y a la propia Cristina Kirchner y ya dispusieron varias detenciones.