El secretario de Agricultura Familiar, Oscar Alloatti, y otros once funcionarios del área presentaron la renuncia, en medio de una fuerte restricción presupuestaria en ese organismo dependiente del Ministerio de Agroindustria.
Alloatti en diálogo con NA en marzo de este año afirmó que integraban ese sector productivo entre 200.000 y 250.000 familias que necesitan asesoramiento en todo el país y que "deben progresar".
El plantel de trabajadores de la Secretaría en ese momento lo componían unos 1.500 profesionales, de los cuales 250 contratos se encontraban en estudio; 80 casos cambiaron de modalidad, mientras 1.220 fueron renovados por la Nación hasta el 31 de diciembre próximo: después se produjeron despidos en Corrientes.
Ocaso
El 25 de septiembre último seis organizaciones campesinas denunciaron que "es una sentencia de muerte" para la Agricultura Familiar el "magro presupuesto" que le otorgará el Gobierno de Mauricio Macri para el 2017.
El duro cuestionamiento fue expresado por los integrantes del Consejo Asesor de la Agricultura Familiar, que entre el 13 y el 15 de septiembre debatieron la reglamentación de la Ley en Buenos Aires.
Subrayaron que "el presupuesto previsto por la Secretaría de Agricultura Familiar para 2017 es una sentencia de muerte porque en el mejor de los casos incorporaría 195 millones para un sector que desde 2015 reclama más de 1.500 millones para hacer realidad la reparación histórica que plantea la ley".
El Consejo de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena es un cuerpo integrado por 13 organizaciones campesinas e indígenas nacionales, que junto a representantes del Ministerio de Agroindustria, INTA y SENASA, asesoran a la Secretaría de Agricultura Familiar sobre la aplicación de políticas públicas para el sector.
Según trascendió con Alloatti se van 11 funcionarios más que para el Ministerio son "autoridades" que seguirán "siendo fuente de consulta, ya que su profesionalismo permitió luego de 10 meses evaluar y proyectar acciones directas en territorio".
