La disputa entre el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y la agrupación Tupac Amarú subió ayer de tono tras la denuncia del mandatario, que acusó a Milagro Sala de haberse llevado "29 millones de pesos de un banco" en noviembre pasado, antes del cambio de administración.
En momentos en que sigue la tensión por la decisión provincial de empadronar a las cooperativas, el gobernador afirmó que "Milagro Sala se llevó 29 millones de pesos en efectivo en noviembre de un banco".
El mandatario radical le había dado plazo a la Tupac Amarú hasta el jueves por la noche para que levantara el campamento que instalaron frente a la Casa de Gobierno hace un mes, en reclamo de seguir distribuyendo la ayuda social sin intervención del Estado.
"Nosotros firmamos un decreto por el cual las organizaciones sociales que sigan en la plaza van a perder todo tipo de beneficios. Le suspendí la personería jurídica a la Tupac y le apliqué una multa de 100 mil pesos. Las personas que forman parte de esa organización fueron dadas de baja de los planes sociales. Al que siga en la plaza le paga Milagros Sala", subrayó Morales.
En declaraciones radiales, el gobernador de Jujuy afirmó que "se llevaban la plata en bolsas del banco y se las daban a Milagro Sala".
"Se llevó 29 millones de pesos en efectivo en noviembre de un banco. Y las cooperativas no pueden empezar las obras. Por eso está imputada y tiene que ir a declarar. Es una batalla para el cumplimiento de la ley", destacó Morales.
En medio del conflicto, la Tupac Amarú negó que le hayan retirado la personería jurídica en Jujuy y ratificó que continuará con una protesta en la capital provincial.
"No se ha suspendido la Personería Jurídica de la Tupac Amaru ni se han cerrado sus cuentas", aseguró la organización en un comunicado.
Según consideró, "lo que debería hacer el Poder Ejecutivo (de Jujuy) para dar lugar a su política de disciplinamiento, en todo caso, es iniciar un procedimiento en el que se garantice el derecho fundamental a la defensa".
"Sin embargo, lo que claramente está buscando es provocar, además de engañar a la opinión pública, el amedrentamiento y zozobra a los trabajadores cooperativizados, a los afiliados y a la sociedad toda", denunció.
