8 de enero de 2015 - 04:03
El fiscal federal Guillermo Marijuan imputó a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, a raíz del posible incumplimiento en un pedido de remoción de un fiscal.
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El fiscal Marijuan imputó a Gils Carbó en una investigación
El cruce judicial comenzó cuando el juez federal Claudio Bonadío instó un pedido de desafuero del fiscal Carlos Gonella, titular de la PROCELAC.
Se trata de un supuesto incumplimiento de deberes de funcionario público por no aplicar el procedimiento habitual ante un pedido de remoción que hizo el juez federal Claudio Bonadío contra la cabeza de la PROCELAC (Procuraduría contra la Criminalidad Económica), Carlos Gonella.
Bonadío investiga a Gonella a raíz de la supuesta violación de secreto de una causa judicial, y luego que éste no se presentara ante reiteradas indagatorias, el juez lo denunció y pidió su desafuero.
Gils Carbó desestimó esa acusación contra Gonella y acto seguido el magistrado la denunció a ella por la no aplicación del procedimiento habitual que debía realizar previo a rechazarla.
En plena feria judicial, el fiscal Marijuan, reemplazando a su par Carlos Rívolo, imputó a la Procuradora y pidió una serie de medidas ante el juez Sergio Torres.
Torres, ni bien recibió el escrito de Marijuan, pidió el expediente en la Procuración General respecto al pedido de desafuero del fiscal Gonella.
La acusación que hizo Marijuan contra Gils Carbó es por la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. El intríngulis judicial comenzó cuando Bonadío, a raíz de los reiterados plantones de Gonella a los llamados a indagatoria -amparándose en una recusación hacia el magistrado-, instó un pedido de desafuero hacia el jefe de la PROCELAC.
Piden acción de amparo
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Nación, que agrupa a un sector importante de jueces, pidió una acción de amparo para frenar los 16 nombramientos de fiscales dispuestos por la Procuradora Alejandra Gils Carbó. La presentación, en la que se pidió la habilitación de la feria judicial, apunta a frenar la gran cantidad de nombramientos que hizo la Procuradora el último día hábil del año, amparándose en la reciente reforma del Código Procesal Penal, pese a que éste no está vigente. La estrategia de la entidad que dirige el juez Ricardo Recondo, uno de los más férreos opositores al Gobierno y que asumió a fin de 2014 de la mano de la tradicional lista Bordó, se suma a otras presentaciones que en el mismo sentido hicieron el diputado massista bonaerense Mauricio D’Alessandro y el secretario general del gremio de judiciales, Julio Piumatto.
Si bien las 16 designaciones hechas de subrogantes por Gils Carbó recién entrarán en vigencia el 2 de febrero próximo, la entidad consideró que se debe resolver en forma urgente, y por eso pidió que se haga en pleno receso de verano.
Según consideraron, los nombramientos "violan el debido proceso adjetivo y los principios constitucionales de legalidad, razonabilidad, igualdad y no discriminación al nombrar fiscales subrogantes".
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