El proyecto para disolver la Secretaría de Inteligencia, girado ayer por el Poder Ejecutivo al Congreso, establece la transferencia de "la totalidad del personal" a la nueva Agencia Federal de Inteligencia (AFI) con "sus respectivos niveles, grados y categorías de revista escalafonarios", aunque impulsa "una profunda reformulación del proceso de ingreso" y el "fortalecimiento del control disciplinario" con un endurecimiento de las penas.
El Gobierno oficializó ayer la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso para tratar el proyecto enviado por la presidenta Cristina Fernández sobre la reforma del Sistema de Inteligencia Nacional, que comenzará a debatirse el próximo martes a las 11.00 en un plenario de comisiones en el Senado: la de Asuntos Constitucionales, que preside el kirchnerista Marcelo Fuentes y será la cabecera; la de Justicia y Asuntos Penales; y la de Seguridad Interior y Narcotráfico.
Entre los puntos que no mencionó la mandataria al anunciar el envío del proyecto, en medio del escándalo por la muerte del fiscal Alberto Nisman, se destaca el artículo 23, que establece la transferencia de "la totalidad del personal, bienes, activos y patrimonio a la AFI, con excepción de los bienes afectados a la Dirección de Observaciones Judiciales, que serán transferidos al Ministerio Público", es decir las escuchas.
"El personal mantendrá sus respectivos niveles, grados y categorías de revista escalafonarios, sin perjuicio de la asignación de nuevas funciones derivadas de los sustanciales cambios previstos en esta ley", añade el texto oficial.
En tanto, el artículo 24 manifiesta que "se deberá instrumentar una profunda reformulación del proceso de ingreso de personal a la AFI estableciendo criterios de transparencia en el marco del Plan Nacional de Inteligencia y las necesidades operativas", así como también "fortalecer el control disciplinario de la conducta de los agentes".
"Se deberá fortalecer el control disciplinario de la conducta de los agentes de la AFI adoptando criterios que faciliten la necesaria separación de aquellos agentes cuyas acciones sean o hayan sido incompatibles con el respeto a los derechos humanos o violatorios del orden constitucional. Se deberán supervisar las acciones de los ex agentes a fin de prevenir su accionar en tareas de inteligencia", señala el texto.
Para ello, además, se elevarán las penas para que sean delitos no excarcelables: serán entonces reprimidos "con prisión de tres a diez años e inhabilitación especial por el doble de tiempo" aquel que "participando en forma permanente o transitoria de las tareas reguladas en la presente ley, indebidamente interceptare, captare o desviare comunicaciones telefónicas, postales (...) así como cualquier tipo de información, archivo, registros o documentos privados o de entrada o lectura no autorizada o no accesible al público que no le estuvieran dirigidos".