Distintos estamentos judiciales criticaron la decisión de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, de cubrir los nuevos cargos establecidos en la reforma del Código Procesal Penal y advirtieron sobre una supuesta intención de "controlar" las investigaciones penales contra funcionarios públicos.
La Asociación de Magistrados y la agrupación de abogados Será Justicia emitieron comunicados en los que critican las designaciones realizadas por Gils Carbó, mientras que entre algunos fiscales también se deslizaron cuestionamientos.
No obstante, fuentes de la Procuración General consultadas por NA le restaron importancia a las críticas y adelantaron que por el momento no habrá una respuesta oficial.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios manifestó que la "puesta en funcionamiento de estas Fiscalías Generales podría encubrir la intención de controlar las investigaciones penales existentes, especialmente las que tienen como sujetos imputados a funcionarios públicos por hechos de corrupción".
El comunicado de la entidad agregó que de acuerdo a las modificaciones establecidas por Anexo II de la ley 27.063 una Comisión Bicameral debe realizar el proyecto de implementación y que resulta necesario reformular la organización del Ministerio Público Fiscal.
Luego de esta reorganización, que permita al Ministerio Público desarrollar las nuevas funciones como titular de la acción penal, recién se "podrán fijar las necesidades reales en materia de recursos humanos y materiales y la fecha de entrada en vigencia de la reforma procesal", señaló la Asociación de Magistrados.
Por su parte, la asociación de abogados Será Justicia aseguró que las designaciones evidencian "la pretensión de convertir a los fiscales nombrados en un obstáculo para la investigación de delitos, especialmente, los referidos a hechos de corrupción donde se involucre a altos funcionarios".
"Bajo la modalidad de subrogantes, se reasignó en diferentes funciones a fiscales que contaban con acuerdo del Senado para otras jurisdicciones, haciendo abuso de las facultades del Anexo II del Código Procesal Penal, que carece de las leyes complementarias indispensables para su plena y legítima operatividad", añadió la asociación.Asimismo, el fiscal Carlos Ernst mediante una carta enviada a la Procuraduría General cuestionó el traslado de la Fiscalía General de Capacitación y formación asegurando a Gils Carbó que "disolvió un área de trabajo con 18 años de historia".