La
peronista federal Liliana Negre de Alonso fue una de las más críticas
sobre la reforma de la Ley de Abastecimiento al considerar que tiene
"violaciones a la Constitución" como "darle facultades judiciales a un
órgano administrativo", en referencia a la Secretaría de Comercio.
La
iniciativa más polémica autoriza al Estado a "establecer, para
cualquier etapa del proceso económico, márgenes de utilidad, precios de
referencia" y "niveles máximos y mínimos de precios", además de
establecer "niveles mínimos" de producción, comercialización o
distribución.
También podrá exigir documentación y "todo tipo de
libros" a las empresas por parte del Estado se realizará "en caso de
configurarse algunos de los supuestos previstos", como elevar
"injustificadamente los precios", acaparar materias primas o productos, y
destruir mercaderías, entre otras conductas.
Además, habilita a los gobernadores y al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a "fijar precios máximos".
El
oficialismo hizo cambios a la iniciativa durante el debate en el
plenario de comisiones, atento a las críticas realizadas por la gran
mayoría de las cámaras empresarias y el total de los senadores
opositores.
Entre esos cambios, se destacó la exclusión del
alcance de la norma para las pymes que no tengan posición dominante de
mercado y la necesidad de autorización judicial previa para inhabilitar o
clausurar temporalmente empresas infractoras, algo que no estaba
contemplado en la iniciativa original enviada por la Casa Rosada.
Se
eliminó la posibilidad de clausurar definitivamente una empresa y se
fijó que "en caso de la obligación de producir a pérdida, se le pague
una compensación justa y oportuna".
Otro de los proyectos
establece la creación del Servicio de Conciliación Previa en las
Relaciones de Consumo (COPREC), que intervendrá en los reclamos "de
derechos individuales" de usuarios o consumidores cuyo monto "no exceda"
al de 55 salarios mínimos.
Esta iniciativa también crea la
Justicia Federal y Nacional en las Relaciones de Consumo, que entenderá
en las causas referidas a relaciones de consumo cuando el monto de la
demanda no supere los 55 salarios mínimos.
Para esto, se establece la creación de ocho juzgados de primera instancia y una Cámara Federal y Nacional de Apelaciones.
Por
último, el proyecto para crear el Observatorio de Precios y
Disponibilidad de Bienes y Servicios, que remitirá sus observaciones a
la Secretaría de Comercio.
Además, podrá recomendar a la
Autoridad de Aplicación (que será designada por el Ejecutivo) el
requerimiento de la documentación comercial de una empresa.
