La investigación por el salvataje de la ex Ciccone Calcográfica tendrá hoy una jornada crucial, con la declaración del amigo y socio de Amado Boudou, José María Núñez Carmona, que está sospechado de haber comprado la imprenta junto al vicepresidente.
Luego de una postergación, el juez federal Ariel Lijo citó para hoy a Núñez Carmona para prestar declaración indagatoria y explicar si tuvo intervención en el salvataje y la posterior compra de la ex Ciccone.
Según la investigación, el amigo del vicepresidente habría tenido un rol clave en la maniobra de rescate de la quebrada imprenta y su venta a The Old Fund, propiedad de Alejandro Vandenbroele.
El empresario y socio de Boudou fue sindicado por testigos e imputados como el hombre que el entonces ministro de Economía puso a cargo del seguimiento del tema Ciccone.
La declaración fue pospuesta la semana pasada por el juez Lijo, luego de que así lo solicitara Núñez Carmona, por encontrarse fuera del país y por el cambio de defensa que realizó tras la renuncia de Diego Pirota, abogado que compartía con Boudou en esta causa.
Tras la salida de Pirota, Núñez Carmona designó como sus abogados a Darío y Ramiro Rubinska.
En tanto, el jueves será el turno de la declaración del ex jefe de Gabinete de Economía, Guido Forcieri, quien fue citado luego de que el ex jefe de asesores de la AFIP, Rafael Resnick Brenner, afirmara que había sido él quien le presentó a Núñez Carmona como "encargado" del Ministerio.
Forcieri deberá arribar al país para presentarse ante Lijo, ya que actualmente reside en Washington como representante del Gobierno argentino ante el Banco Mundial.
Tras las indagatorias de Núñez Carmona y Forcieri, el magistrado estaría en condiciones de evaluar la situación procesal del vicepresidente, quien declaró el pasado 9 de junio.
En esa jornada, el titular del Senado volvió a negar haber avalado la concesión de un plan de pagos a la ex Ciccone Calcográfica, al tiempo que reiteró que no conocía a Vandenbroele.
Massa: "Terminar con la impunidad"
El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, volvió a impulsar ayer un proyecto de ley que es impulsado por su partido, mediante el cual se pretende incautar bienes a los acusados de narcotráfico o corrupción y aseguró que la iniciativa permitirá "terminar con la impunidad".
"Hay que perseguir la plata y los bienes (del narcotráfico y la corrupción), porque un país que tiene más prófugos que presos, si no persigue los fondos se acostumbra y se resigna a la impunidad", manifestó Massa.
En el mismo sentido, el ex intendente de Tigre aseguró que mediante la aplicación del proyecto de ley que se intenta aprobar "no hay afectación del derecho de propiedad, porque atacamos el vicio de origen previo a la propiedad, como hacen los países más serios del mundo".
Indicó asimismo que el proyecto pretende expropiar dinero y bienes a quienes se beneficiaron con lavado narco o con hechos de corrupción, así como también a quienes sean familiares directos o testaferros, que no puedan explicar la evolución de su patrimonio.
Scioli reabrió calabozos
El gobierno bonaerense dispuso reabrir los calabozos de las comisarías para albergar detenidos, en una medida complementaria a la declaración de emergencia de seguridad en territorio provincial.
La decisión tuvo que ver con el aumento de la "operatividad" de la Policía bonaerense, que se tradujo en mayor cantidad de detenciones, tras la declaración de la emergencia de seguridad.
Scioli ordenó la reapertura a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial bonaerense, en el que se estableció que los detenidos podrán albergarse en los calabozos que previamente sean "reacondicionados" e inspeccionados.
La Provincia recordó en el decreto que el cierre de los calabozos "se había fundamentado en la celeridad necesaria para concretar los mecanismos de traspaso de detenidos alojados en comisarías al ámbito del Servicio Penitenciario Bonaerense".
No obstante, señaló que "en esta dinámica, por razones de celeridad, y mientras se gestionan los cupos pertinentes dentro del sistema penitenciario provincial, resultaría apropiada la utilización de la totalidad de las plazas existentes en ámbitos policiales".
