La Sala I de la Cámara Federal le otorgó al Ministerio de Justicia el rol de querellante en una causa en que se investiga a funcionarios bajo su área, por la pérdida de documentación clave en la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre el caso Ciccone. También en poder de la jueza María Servini de Cubría, por una denuncia de la diputada Elisa Carrió se investiga la supuesta implementación de un "cepo informativo" que se habría impuesto para proteger al Vicepresidente Amado Boudou, procesado en el caso Ciccone por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.
Ambas causas comprometen a funcionarios que dependen del Ministerio de Justicia, y Servini de Cubría por ello había rechazado ser querellante lo que le da la posibilidad de acceder a la causa, acusar y sugerir medidas de prueba.
Pese a lo contradictorio que parecía, la Sala I de la Cámara Federal con la firma de los jueces Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, le otorgó al Ministerio de Justicia el rol de querellante.
La causa por la desaparición del expediente se originó por información publicada por La Nación, y luego Servini de Cubría emprendió una investigación.
