El ministro de Economía, Axel Kicillof, confirmó que las demandas contra la Argentina de acreedores con bonos en default ya alcanzan a los 10.000 millones de dólares en el juzgado neoyorquino de Thomas Griesa.
Kicillof afirmó que "el problema central de la deuda externa es que los buitres no quieren arreglar" y reiteró que estos fondos "lo que quieren es tirar abajo el canje" de deuda iniciado en 2005 y con una segunda etapa en 2010.
"Si Argentina hubiera pagado 1.600 millones de dólares allá por junio y julio, lo que hubiéramos tenido es la catarata de demandas que se dio después, que ya alcanza los 10.000 millones de dólares en el juzgado de (Thomas) Griesa", afirmó.
Kicillof brindó una conferencia de prensa junto al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en el Aeroparque Metropolitano, antes de viajar a Brasil para tratar temas de "agenda permanente" sobre la relación bilateral política y comercial.
El ministro advirtió que "también se está gestando un escenario para enero cuando termina (la vigencia) de la cláusula RUFO diciendo que va a ocurrir algo" y agregó que "no depende del Gobierno sino de la actitud de los fondos buitre".
Explicó además: "hemos observado el comportamiento de los buitres: no han querido aceptar la oferta del Gobierno" ni siquiera una propuesta que implica "un trescientos por ciento de ganancias" respecto de lo que pagaron por los bonos que tienen en su poder.
Advertencia
Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) advirtieron que "el caso de la Argentina" en su conflicto con los fondos buitre "pone de manifiesto la necesidad de contar con mejores reglas que permitan procesos de reestructuración de deuda predecibles y eficientes".
Así se pronunciaron el experto sobre los efectos de la deuda externa en los derechos humanos, Juan Pablo Bohoslavsky, y el relator especial en extrema pobreza y derechos humanos, Philip Alston, a través de un comunicado oficial.
