La Corte Suprema de Justicia dejó ayer firme un fallo que había condenado al Estado Nacional a aportar información sobre la ex Ciccone Calcográfica, en el marco del caso que compromete al vicepresidente Amado Boudou.
El máximo tribunal rechazó un recurso extraordinario del Estado y confirmó un fallo de la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que obligó a la Inspección General de Justicia (IGJ) a aportar información sobre la imprenta.
Se trata de un pedido de información hecho por el ex diputado radical Ricardo Gil Lavedra para que el organismo indique si la empresa, luego transformada en Compañía de Valores Sudamericana, estaba inscripta, y en tal caso aporte copias de sus estatutos, detalle de la composición de los órganos de gobierno y fiscalización, accionistas y domicilios de los mismos.
El tribunal, que volvió a fallar tras el fallecimiento del juez Enrique Petracchi el domingo último, valoró que Gil Lavedra "en su condición de ciudadano se hallaba legitimado para acceder a la información requerida en poder de la administración".
Los jueces reprocharon que en su planteo el Estado "no se hace cargo de la jurisprudencia de esta Corte, conforme a la cual el derecho a solicitar información en poder del Estado corresponde a toda persona, sin necesidad de acreditar interés o afectación directa".
"El apelante tampoco critica la interpretación realizada por la sentencia con respecto a las leyes y otras disposiciones que asignan carácter público a la información requerida, ni desarrolla argumento alguno que explique por qué esa información se hallaría exceptuada de proveerla", concluyó la Corte con la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Elena Highton y Juan Carlos Maqueda.
La resolución no tuvo la firma del juez Eugenio Zaffaroni, quien en las últimas horas ratificó su decisión de alejarse de la función próximamente.
