martes 19 de marzo de 2024
Fernández celebró la resolución

La ONU descalificó la persecución judicial contra Lula

El proceso penal contra Lula "violó las garantías del debido proceso", estimó en Ginebra el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

Una mayoría de 16 de los 18 expertos independientes que componen el Comité de Derechos Humanos de la ONU, elegidos por el voto secreto de los 173 Estados de los 193 integrados en la ONU, constató que “la investigación y el enjuiciamiento” vivido por el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, “violaron su derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial, su derecho a la privacidad y sus derechos políticos”.

Consideraron que “el expresidente de Brasil de 2003 a 2010”, fue “llevado a juicio en la investigación de corrupción más grande del país”, bajo responsabilidad “del juez federal en lo Penal, Sergio Moro”, quien “aprobó una solicitud del fiscal para intervenir los teléfonos de Lula, así como los de su familia y su abogado”, dando luego a conocer el contenido “a los medios de comunicación antes de formular cargos formalmente”.

Los expertos le reprocharon igualmente a la justicia brasileña emitir “una orden judicial para detener a Lula” e “interrogarlo”, filtrada a la prensa, dejando incluso tomar “fotografías como si estuviera bajo arresto”.

En consecuencia el Comité reflexionó que “si bien los Estados tienen el deber de investigar y enjuiciar los actos de corrupción y de mantener informada a la población, especialmente cuando se trata de un exjefe de Estado, tales acciones deben llevarse a cabo de manera justa y respetar las garantías del debido proceso”, cuestionando así por improcedente la conducta del ex-juez Moro.

Abreviando los antecedentes del caso los expertos recordaron que Lula “fue investigado en 2016 por presunta participación en dos casos de la Operación Lava Jato una extensa investigación criminal en Brasil que destapó la corrupción entre la empresa estatal de petróleo y gasolina, Petrobras, varias empresas constructoras, y varios políticos brasileños para obtener fondos secretos de campaña”.

En ese contexto, agregaron que “el ex-juez Moro condenó a Lula a 9 años de prisión en julio de 2017. En enero del año siguiente, la sentencia de Lula fue aumentada a 12 años por el Tribunal Regional Federal. En abril de 2018, comenzó a cumplir su condena mientras sus apelaciones estaban pendientes”, volviendo de tal modo a poner en crisis el accionar de la justicia brasileña.

Pero a esas alturas los expertos añadieron que “el Supremo Tribunal Federal anuló la sentencia de Lula en 2021” y “dictaminó que el ex-juez Moro no tenía competencia para investigar y juzgar los casos, y anuló la investigación sobre la base que el ex-juez”, evidentemente no era “ imparcial”, desnudando el proceder ilegal del magistrado.

Por consiguiente, pese a que el “Supremo Tribunal Federal anuló la condena y elencarcelamiento de Lula en 2021, estas decisiones no fueron lo suficientemente oportunas ni efectivas para evitar o reparar las violaciones”, que perjudicaron al ex mandatario y perduran impunes.

Alegría de Fernández

El presidente Alberto Fernández sostuvo que la decisión del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de reconocer que el exmandatario de Brasil Inacio “Lula” Da Silva sufrió una “violación de sus derechos políticos” cuando fue encarcelado “abre un nuevo horizonte para quienes luchamos contra el lawfare, por una justicia íntegra y por la vigencia plena de la democracia y del Estado de derecho”.

https://twitter.com/alferdez/status/1519818256176926720

Expresó Fernández: "Cuando le escuché decir a mi querido amigo Lula que esto representa para él un ‘lavado del alma', no pude dejar de recordar sus palabras y el abrazo que nos dimos cuando lo visité en los días en los que estuvo detenido, sometido a una injusta prisión”. “Con la alegría de esta noticia, renuevo mi cariño y mi solidaridad incondicional con Lula, con la esperanza de que un nuevo tiempo asome en América Latina”, señaló Fernández.

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Florencia Sosa

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