Conflicto por la exploración petrolera en el Mar Argentino
Malvinas: la Justicia Federal se declaró competente para intervenir contra el proyecto petrolero Sea Lion
El fuero fueguino ratificó su jurisdicción sobre el lecho marítimo nacional al considerar que la obra afectará la ecorregión del Mar Argentino.
10 de septiembre de 2026 - 22:38
El Juzgado Federal de Río Grande, con competencia sobre Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, se declaró ayer competente para intervenir en una demanda que busca frenar el proyecto de petróleo y gas Sea Lion, 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, sobre la plataforma continental argentina. La decisión de la jueza Mariel Borruto “constituye un paso de enorme relevancia porque reconoce la dimensión federal, ambiental y soberana del conflicto planteado”, destacaron desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), impulsores de la presentación de una acción preventiva de daño ambiental colectivo contra las empresas Rockhopper Exploration, británica, y Navitas Petroleum Development, israelí.
La causa que comienza a instruirse en Río Grande se origina en una presentación –anterior al repentino descubrimiento de la importancia de la soberanía nacional por parte del gobierno– de dos organizaciones con trayectorias diferenciadas, que ahora se entrelazan. Los abogados ambientalistas promueven la defensa jurídica de los ecosistemas, los bienes comunes y el acceso a la información ambiental. El CECIM, integrado por exsoldados conscriptos, construyó durante más de 40 años una política de Memoria, Verdad, Justicia, Soberanía y Paz. Ambos sostienen que la cuestión Malvinas debe pensarse desde distintas dimensiones y que la ocupación colonial produce consecuencias materiales cuando permite avanzar unilateralmente sobre bienes que pertenecen al pueblo argentino.
La jueza Borruto hizo propios en lo sustancial los fundamentos del Ministerio Público Fiscal, al considerar que existen razones concurrentes por la materia, el territorio y la jurisdicción internacional que justifican la intervención de la Justicia Federal.
El primero se relaciona con una realidad física. “El emprendimiento se emplaza en aguas del Atlántico Sur que, por su dinámica oceanográfica, corrientes y conectividad ecosistémica, integran las ecorregiones Mar Argentino e Islas del Atlántico Sur, de modo que la degradación denunciada recaería sobre recursos ambientales interjurisdiccionales”, apuntó.
El segundo fundamento es territorial y especialmente significativo. El Juzgado consideró que la infraestructura cuestionada –pozos submarinos, unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga, líneas de flujo y risers– se proyecta materialmente sobre el lecho y el subsuelo de la plataforma continental sometida a jurisdicción marítima argentina. “El espacio marítimo deja de ser una abstracción dibujada sobre un mapa: es territorio, patrimonio natural y ámbito de ejercicio de soberanía”, apuntan los impulsores.
El tercer punto destaca expresamente que detrás de la controversia ambiental subyace la defensa de la soberanía nacional, concebida como un bien colectivo indivisible que posee interés federal por autonomía. “La soberanía aparece jurídicamente vinculada con la protección del territorio, sus bienes naturales y el derecho colectivo de nuestro pueblo a decidir sobre ellos”, destacan el CECIM y la AAdeAA.
La resolución también reconoce el carácter colectivo de la controversia, al considerar que se encuentra involucrado un bien de titularidad indiferenciada y afectación común, y ordena consultar el Registro Público de Procesos Colectivos. Dispone además dar intervención a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a través de su Fiscalía de Estado, atendiendo a los intereses patrimoniales y ambientales comprometidos y a las competencias concurrentes existentes en materia ambiental.
El expediente continuará ahora con el cumplimiento de los requerimientos ordenados por la jueza y el posterior análisis de la admisibilidad formal de la acción colectiva. Las medidas preventivas solicitadas se tratarán después de que se cumplan esos pasos procesales.
El CECIM y la AAdeAA celebraron que “esta resolución marca un punto importante en un camino que recién comienza. La Justicia Federal argentina afirmó su competencia para mirar hacia el Atlántico Sur y reconoció que allí están comprometidos el ambiente, el territorio y la soberanía nacional. Malvinas también se defiende haciendo efectivo el derecho allí donde otros pretenden convertir nuestros bienes naturales en hechos consumados”.
