El tribunal de alzada confirmó que la ministra no cometió ningún delito en la millonaria transferencia al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
La Cámara Criminal y Correccional Federal ratificó este jueves el cierre de la investigación contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por las presuntas irregularidades en la transferencia de 14.000 millones de pesos al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Los fondos estaban destinados a la adquisición de alimentos para comedores comunitarios en el marco del programa "Abordaje Comunitario del Plan Nacional Argentina contra el Hambre".
La Sala I del tribunal de alzada, con las firmas de los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, rechazó por completo el recurso presentado por el fiscal federal Franco Picardi. De esta manera, los magistrados confirmaron el archivo de la causa que había sido dictado en julio de 2025 por el juez Ariel Lijo, quien ya había considerado que no existía delito en la conducta de la funcionaria.
La causa se inició a raíz de una denuncia del abogado Leonardo Martínez Herrero. El letrado acusaba a Pettovello de haber autorizado en febrero de 2024, con su sola firma, un giro millonario al proyecto. Según la denuncia, la operación superaba el tope de 2.700 millones de pesos permitido sin la intervención de la Jefatura de Gabinete. Además, se cuestionaba un costo de gestión del 3% para el organismo internacional, que ascendía a unos 420 millones de pesos.
En su apelación, el fiscal Picardi había calificado el archivo como "prematuro". El representante del Ministerio Público remarcó que solo 5.271 millones de pesos se habían adjudicado mediante licitación pública, mientras que el remanente de 8.308 millones fue reasignado dentro del mismo programa. Picardi sostenía que persistía "cierta incertidumbre sobre la legalidad del procedimiento" y que no se habían incorporado documentos que verificaran el destino del saldo, a pesar de los informes remitidos por la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC).
Sin embargo, los jueces de la Cámara hicieron hincapié en los informes de la propia Oficina Nacional de Contrataciones, que determinaron que el programa estaba excluido del régimen general de contrataciones por tratarse de una operación regulada por un convenio internacional con una entidad de derecho público internacional.
En su voto, el juez Mariano Llorens fue contundente: "Las críticas destinadas a sostener que la operación se habría desarrollado sin respetar los parámetros establecidos por la Ley de Administración Financiera pierden relevancia frente a las constancias de la pesquisa. La transferencia se efectivizó dentro del régimen establecido por el programa, respetando las pautas y controles exigidos".
Por su parte, los jueces Bruglia y Bertuzzi destacaron que el programa, implementado desde 2020, cuenta con mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas propios. Subrayaron que el Ministerio de Capital Humano remitió toda la documentación respaldatoria, incluyendo resoluciones, órdenes de compra, remitos y actas de recepción, que acreditan la entrega de la mercadería.
El tribunal también ponderó los dictámenes favorables del Servicio Jurídico Permanente de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y de la Subsecretaría Legal del ministerio, que no encontraron objeciones legales a la operatoria.
Los camaristas concluyeron de manera unánime que "no hubo una desviación del objeto público comprometido, ni beneficio personal, ni perjuicio al erario público", y que "no se evidencian irregularidades respecto a las sumas involucradas". Con esta resolución, la causa contra Sandra Pettovello queda definitivamente archivada, cerrando el capítulo judicial sobre la millonaria transferencia de fondos destinada a la asistencia alimentaria.
