La cacería de las bandas violentas contra los periodistas de los medios estatales o que apoyan a Evo Morales al gobierno recrudecieron en los últimos días. La imagen más dramática que simboliza la situación del país es la de José Aramayo, el director del periódico Prensa Rural y de la radio de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). Amarrado a un árbol sobre la avenida Saavedra, en el barrio paceño de Miraflores y muy cerca de la terminal de la línea blanca del Teleférico, pasó varias horas así, tomado como rehén por esos grupos descontrolados, transformados en amos de las calles.
El periodista fue atrapado por civiles cuando se dirigía a la sede de los medios donde se desempeñaba. Durante la madrugada anterior, cuando los trabajadores de prensa ya presumían que quedarían expuestos a un ataque, se llevaron materiales periodísticos y distintos elementos que utilizaban para hacer sus tareas. Aramayo volvió al día siguiente y cuando lo identificaron, terminó atado al árbol, expuesto a un linchamiento público. El periodista Sebastián Moro se salvó del ataque porque pasó horas antes por la sede de la CSUTCB, vio movimientos extraños y retornó a su casa.
Aramayo estuvo amarrado con las manos a su espalda e inmovilizado contra un árbol mientras otros periodistas lo entrevistaban en esa situación. Horas después fue liberado.
Prensa Rural es un periódico semanal que tiene una edición impresa y otra digital. No fue el único que resultó atacado, copado o quemado. Los medios públicos Bolivia TV (BTV) y la radioemisora Red Patria Nueva (RPN) también se transformaron en blanco de estos grupos que amenazaron a sus comunicadores y los forzaron a dejar los lugares donde trabajaban.
Se estima que en el país hay unos cinco mil periodistas, según datos de la Asociación Nacional de la Prensa en Bolivia (ANP), que reúne a los empresarios de medios. Esta organización ya había alertado a fines de octubre cómo se iba tornando viral la violencia contra la prensa: “Demandamos a gobernantes, autoridades públicas y privadas, dirigentes políticos y sociales y a la población en su conjunto, respetar, garantizar y facilitar el trabajo de los medios de comunicación y periodistas de Bolivia, que en las últimas horas han comenzado a sufrir amenazas, vejámenes e incluso agresiones físicas. La labor periodística, en ambientes de extrema polarización como el actual, está expuesta a la exacerbación de los sectores enfrentados…”.
La ANP llevaba registrados hasta ayer quince casos de ataques a periodistas desde que el país quedó acéfalo y las calles de sus principales ciudades fueron tomadas por grupos de derecha dispuestos a todo.
