Santiago de Chile despertó ayer con una noticia que la presidenta Michelle Bachelet calificó de “extraña”. Tres iglesias de la capital fueron atacadas por la madrugada, a tres días de la llegada del Papa Francisco, que entre el lunes y el jueves estará en Chile para luego viajar a Perú.
Los templos católicos que sufrieron ataques, ya sea incendiarios o explosivos, se hallan en los municipios de Recoleta, Peñalolén y Estación Central. Por la mañana, la policía encontró una nueva bomba en una parroquia de Estación Central y otra en el municipio de Santiago Centro, que no llegaron a denotar.
“Las próximas bombas serán en tu sotana”, señalaba uno de los escritos hallados. “Esto de anoche es muy extraño, no es algo que uno pueda identificar como un grupo específico”, señaló Bachelet, que hizo un llamamiento a que la visita del Papa Francisco se viva “en un clima de respeto, solidaridad y de alegría entre nosotros”. “Van a ser tres días para que Chile se encuentre al comenzar un año que nos traerá desafíos, pero también beneficios para las familias”, agregó la mandataria, que el martes a primera hora lo recibirá en La Moneda.
Chile ha preparado cada detalle para la visita del Papa, que en Santiago tiene contemplado oficiar una misa para unas 400.000 personas en el Parque O’Higgins.
De acuerdo a la Fiscalía Sur, a cargo de la investigación de los casos, se sospecha de la rearticulación del Movimiento Juvenil Lautaro (MJL), una agrupación de izquierda que en la dictadura de Pinochet estaba por el camino armado. En noviembre y diciembre pasado, el mismo grupo habría atacado a varias sedes policiales del país. Para carabineros, en tanto, se trataría de grupos anarquistas. Otro punto crítico del plan de reconstrucción, explica Becerra, es obtener dictámenes definitivos de los inmuebles dañados.
Alrededor de 120 edificios deberán ser demolidos y otros 200 reforzados, mientras que más de 5.000 casas tendrán que ser derrumbadas, de acuerdo con un balance preliminar del Gobierno.
La capital realizará el próximo miércoles el primero de seis censos socioeconómicos para evaluar las necesidades de los damnificados. El comisionado reconoce que uno de los principales obstáculos es la burocracia. Las primeras dos etapas del proceso contemplan encontrar atajos que eviten esas trabas y medidas para salir de la emergencia, como la atención a personas que permanecen sin techo.
