El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue acusado por la fiscalía de ser el "comandante máximo" de la corrupción en Petrobras y de haber instalado en Brasil un sistema de "sobornocracia" para lograr gobernabilidad y mantener al Partido de los Trabajadores en el poder.
El fiscal federal Deltan Dallagnol informó que el Ministerio Público denunció a Lula y a su esposa, Marisa Leticia Rocco, por corrupción y lavado de dinero por haberse beneficiado supuestamente de una red de sobornos disfrazados de reformas edilicias y en almacenamiento de objetos que el ex mandatario recibió durante su presidencia.
Lula sostuvo en su perfil de Facebook que la denuncia tiene "motivación política" y que es un perseguido por parte del equipo de investigación de la Operación Lava Jato.
Ahora deberá esperar la decisión del juez Sergio Moro, que debe aceptar o rechazar la denuncia, que es una verdadera bomba política detonada apenas dos semanas después de la destitución de la presidenta Dlima Rousseff por parte del Senado, en juicio político.
"Si existiera un poco de justicia esta denuncia debería ser desestimada. Una detención de Lula sería impensable. Él tiene espaldas para resistir estos ataques políticos", dijo el presidente del Partido de los Trabajadores, Rui Falcao, tras reunirse con el ex presidente.
Lula, en Facebook, divulgó un texto negando las acusaciones con la frase "Curiosidad histórica: Juscelino Kubitschek fue acusado de ser dueño de un inmueble en nombre de un amigo".
La acusación se centra en un departamento en el balneario de Guarujá que Lula iba a comprar y desistió de hacerlo y que fue refaccionado por casi 300 mil dólares por la empresa OAS, involucrada en el escándalo de sobornos.
En Curitiba, estado de Paraná, fronterizo con Misiones, cuartel central de al Operación Lava Jato, el fiscal Dallagnol sostuvo que Lula "fue el máximo comandante de la red de corrupción" al instalar una "sobornocracia" en el reparto de cargos públicos para ganar gobernabilidad y abastecer campañas de su partido y de aliados, entre ellos el del actual mandatario, Michel Temer.
Según la acusación, Lula recibió 1,2 millones de dólares de soborno por parte de la empresa OAS, del detenido constructor civil Leo Pinheiro, en dos formas: refacciones en un apartamento en Guarujá y el pago de un depósito de mudanzas.
Los denunciados además de Lula y su esposa, Marisa Leticia Rocco, son Leo Pinheiro, otros cuatro funcionarios de la OAS y Paulo Okamotto, titular del Instituto Lula.
Pero la fiscalía ató nexos entre los 239 denunciados (100 dirigentes de empresas, 60 funcionarios y políticos y 60 agentes financieros) en la Operación Lava Jato para determinar que el gobierno de Lula desde 2003 hasta 2010 usó el poder del Estado para instalar una "sobornocracia".
"En esta operación no hay abusos, no estamos juzgando a Lula como persona o por su obra de gobierno", aclaró el fiscal, conocido por sus sermones en las iglesias evangélicas en las cuales sostiene habitualmente que la operación anticorrupción es una "obra de Dios".
El fiscal hizo una narrativa histórica sobre el apoyo parlamentario del gobierno de Lula a la vez que se distribuían cargos en el directorio de Petrobras y llegó a la conclusión que hubo tres objetivos: "financiar campañas electorales, enriquecimiento ilícito personal y perpetuación en el poder".
En un anexo que aún no fue incluido en la denuncia, el fiscal citó los seminarios por el mundo pagados por empresas constructoras y otras firmas internacionales para el instituto Lula desde 2011, cuando el mandatario dejó el gobierno.
Allí también, según el fiscal, las empresas constructoras pagaron sobornos en agradecimiento por los contratos en las empresas públicas.
"Lula es el nexo evidente con los principales detenidos. No puede decir que no sabía", afirmó el fiscal, acompañado por otros 11 procuradores del Ministerio Público Federal.
Lula recibió la noticia en un hotel de San Pablo, donde se reunieron varios dirigentes del PT para discutir el proceso de elección interna en el partido, uno de los principales afectados por la investigación.
El abogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, convocó a la prensa en San Pablo y afirmó que la denuncia es una "farsa con motivación política" en la que se adjudica a la corrupción un "lulocentrismo sin aportar ninguna prueba".
