El anuncio de la fiscalía a la prensa llegó en un comunicado después de que Nicolás Sarkozy pasara 15 horas declarando como detenido ante la policía y otras tres horas ante los jueces, a las afueras de París, medida inédita para un ex jefe de Estado francés.
El delito por tráfico de influencias, según el código penal francés, puede acarrear una pena de hasta de 10 años de prisión y 150.000 euros (u$s205.000) de multa. Además, la condena puede suspender algunos derechos civiles.
En el mismo caso, que investiga si Sarkozy y su entorno crearon una red de informadores que les mantenía al tanto de la evolución de los procesos judiciales que amenazan al político conservador, también han sido imputados el miércoles su abogado, Thierry Herzog, y un alto magistrado del Tribunal de Casación, Gilbert Azibert.
Los tres tuvieron que declarar ante la policía judicial en calidad de detenidos, un estatuto que ofrece la asistencia de un letrado, derecho al que renunció Sarkozy, abogado de profesión.
Los investigadores, que grabaron conversaciones telefónicas de Sarkozy y de algunos de sus ministros más cercanos, sospechan que su abogado recababa información de consejeros del Tribunal Supremo.
Estos le informaban supuestamente de los avances en la investigación sobre presunta la financiación ilegal de la campaña que llevó al Palacio del Elíseo en 2007.
Según esa teoría, el defensor de Sarkozy prometió como contrapartida al magistrado Azibert que el ex presidente le ayudaría en su demanda de conseguir un puesto que buscaba en la administración de Mónaco, que nunca obtuvo.Sin embargo, la defensa del letrado Herzog sostiene que esas escuchas son ilegales por violar el derecho a la confidencialidad entre abogado y cliente y no entran en el contenido de las mismas.
"Thierry Herzog es libre. Sigue siendo el abogado de Nicolas Sarkozy, no le afecta ninguna prohibición", dijo a la prensa Paul-Albert Iweins, defensor de quien habitualmente ejerce de abogado de Sarkozy y que ahora comparte imputación con el ex presidente.
Uno de los elementos que pusieron en alerta a los jueces que llevan la instrucción fue el hecho de que Sarkozy abriera -bajo el pseudónimo de Paul Bismuth- una segunda línea de teléfono móvil.
Sospechan que a través de esas llamadas, que detectaron pronto, intentaba comunicarse discretamente con su abogado sobre los avances de los procesos judiciales de los que le informaban supuestamente los citados magistrados.De esa forma nació el llamado "caso de las escuchas", causa por la que Sarkozy se enfrenta a cargos preliminares en una investigación vinculada a las acusaciones que indican que recibió 50 millones de euros (67 millones de dólares) en fondos ilegales de campaña procedentes del ex líder libio Moamar Gadafi.
