En este día será recordado y repudiado en todo el mundo el asesinato de
miles de civiles; en todos los países, o al menos en su mayoría, con la
excepción de China. Hoy
se cumplen 25 años de la masacre de Tiananmen, un capítulo negro de la
historia contemporánea que, a lo largo del último cuarto de siglo, el
régimen comunista chino se ha esmerado –con éxito– para eliminar de la memoria
colectiva de sus habitantes.
El 4 de junio de 1989, después de casi tres meses de manifestaciones
impulsadas por estudiantes, obreros e intelectuales en la plaza principal de
Pekín, el gobierno de Den Xiaoping dio la brutal orden. Las imágenes de las
protestas recorrían el globo, era hora de acallarlas. El Ejército debía
desalojar Tiananmen sin importar cómo fuera.
Los tanques llegaron al lugar y aplastaron a los manifestantes sin piedad;
los soldados abrieron fuego contra todo aquel que se cruzara en su camino. Hubo
sangre, gritos y desolación. Los presentes reclamaban reformas políticas y una
mayor transparencia gubernamental. El régimen les respondió con represión y
muerte. Nunca se supo cuántas personas fueron asesinadas ese día.
Algunos dicen que cientos; otros, que miles. El número oficial no existe.
Para el gobierno comunista, ni siquiera hubo masacre; sólo se apagó una
"rebelión" que ponía en peligro el orden vigente en China. El
ciudadano común desconoce qué ocurrió y aquel que sabe prefiere callar.
Después de 25 años, el tema es tabú y está completamente vedado. Con el
control que se ejerce sobre internet, cualquier resultado de búsqueda que
contenga la fecha 4 de junio o que incluya las palabras 'matanza' y 'Tiananmen'
está censurado. Y no sólo eso, si el internauta es detectado, comienza a ser
investigado.
Los familiares de las víctimas de la masacre –que exigen justicia– son
constantemente presas del hostigamiento de las fuerzas públicas, sus teléfonos
están intervenidos y sus pasos, vigilados. Esta presión aumentó en los últimos
días por la proximidad del aniversario. Según Amnistía Internacional (AI),
al menos 70 personas fueron detenidas o desaparecidas para evitar actos
conmemorativos.
¿Cuánto cambió China después de la masacre?
La China de 2014 es muy distinta a la China de 1989, aunque en muchos
aspectos es poco lo que cambió. En términos económicos, el país se consolidó
como una potencia mundial. Si el Producto Interno Bruto (PIB) de hace un
cuarto de siglo era de 1,78 billones de dólares, hoy es casi seis veces mayor:
u$s9,33 billones.
El régimen chino, en distintas ocasiones, no ha dudado en asegurar que ese
progreso es la prueba de que los manifestantes de 1989 estuvieron equivocados
en sus reclamos y que el Gobierno está siguiendo desde hace décadas el camino
adecuado, sin dejarse vencer por "desestabilizadores que respondían a
intereses extranjeros", como los calificó.
No obstante, después de las explosiones sociales de fines de los 80, el
gobierno comunista buscó modernizarse para mantenerse en pie. A comienzos de
los 90, ejecutó reformas para lograr una mayor apertura comercial,
incluidos los incentivos al sector privado y la industrialización. Desde
entonces, el PIB comenzó a crecer a una tasa anual del 9,5 por ciento.
La liberalización económica y el cumplimiento de las leyes del mercado para
el comercio exterior no se condicen con la situación intramuros. El sistema
de producción chino ha sido duramente cuestionado por su inhumanidad y, a
menudo, comparado con una forma moderna de esclavización.
Jornadas laborales de más de 12 horas, falta de días de descanso, ambientes
con condiciones precarias, bajos salarios y una excesiva división del trabajo
son algunas de las fallas de un sistema que ha rendido sus frutos, pero que no
se ha traducido en mejoras de la calidad de vida de los empleados chinos, sino
en un mayor avasallamiento de sus derechos.
Desde el punto de vista político, social e ideológico, el asfixiamiento
del régimen chino es tan fuerte como hace décadas atrás. Si bien se han
logrado avances en las libertades personales, la expresión y la prensa todavía
no son libres. Grupos espirituales, como Falun Gong, la oposición y medios de
comunicación críticos son perseguidos.