En este sentido, podría solicitar la opinión del gobierno de
Barack Obama que ya adelantó su respaldo a la reestructuración de la deuda
argentina.El Gobierno realizó este martes una nueva presentación ante
el máximo tribunal norteamericano para que revise las decisiones
"equivocadas" de los tribunales inferiores, que en la práctica
impedirían al país efectuar el pago de la deuda reestructurada, a menos de
que abone la totalidad del reclamo que los fondos buitre le
efectúan a la Argentina.
De acuerdo con la
presentación realizada ante la Corte Suprema de Justicia estadounidense,
las "decisiones (de los tribunales inferiores) violan la soberanía de la
República Argentina porque pretenden que se pague a los holdouts con reservas que gozan de
inmunidad soberana".
Los denominados fondos buitre, que compraron a precio vil bonos de la deuda
defaulteada en diciembre de 2001, exigen el pago total por unos 1.340 millones
de dólares.
En su presentación, "la Argentina demuestra una vez más el error de los
fallos de los tribunales inferiores, así como su impacto negativo y alcance
sistémico, y refuta los argumentos de los holdouts"
En esta última presentación, la Argentina reafirmó su compromiso de
continuar cumpliendo con los pagos de la deuda reestructurada y aceptada por el
93% de los acreedores y explica que, "contrariamente a lo que alegan
los holdouts, su apelación ante las diversas instancias judiciales de los Estados Unidos no puede
ser interpretado como la falta de voluntad de cumplimiento".
Ahora resta esperar que la Corte Suprema decida sobre la petición de
Argentina el 12 de junio próximo, momento en el cual "podrá conceder la
petición, denegarla, o solicitar
la opinión del gobierno de los Estados Unidosque ha afirmado con
anterioridad que las órdenes judiciales se basan en una errónea interpretación
de la cláusula pari passu y que violan la Ley de Inmunidad de Soberanos
Extranjeros".
El próximo 12 de junio está previsto un "petition of conference",
para los casos 13-990 y 13-991, que corresponden al pedido de apelación de la Argentina
ante el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que avala el
pronunciamiento del juez Thomas Griesa.
El juez neoyorquino determinó que Argentina debe pagarle 1.340 millones de
dólares (actualizables con intereses) a los fondos buitre NML, Aurelius, y
Olifant, cuya efectivización quedó en suspenso hasta el veredicto de la Corte
Suprema.
El primer caso corresponde al pedido de apelación argentina, propiamente dicho,
y el segundo es la apelación solicitada por los bonistas del canje
de la deuda argentina, los terceros que se encuentran afectados por la decisión
de la Cámara, al considerar que se violaron sus derechos de propiedad.
El 12 de junio, "esta Corte debe certificar ante el Tribunal de
Apelaciones de Nueva York esta pregunta: Si un soberano extranjero ha
incumplido una cláusula pari passu -(tratamiento igualitario)- cuando realiza
pagos periódicos de intereses sobre la deuda, sin realizar también el pago de
su deuda en default". Asimismo, se pronunciará sobre si "un tribunal
de distrito puede entrar en una orden judicial, coaccionar a un soberano
extranjero a pagar daños y perjuicios monetarios, sin tener en cuenta si el
pago se haría con los activos que la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera hace
inmune (...)".
Precisamente, son los dos argumentos más fuertes de la Argentina, que aspira a
que la Corte Suprema de los Estados Unidos los considere para lograr dar vuelta
el caso.
