25 de septiembre de 2012 - 00:00
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Madrid: incidentes en una marcha contra el ajuste
A unos cientos de metros, otros están reunidos ante la estación de Atocha, otro punto de concentración, a los gritos de no nos representan.
El Gobierno de derechas del Partido Popular, que está imponiendo una política de recortes históricos para reducir el déficit público, ha adoptado desde diciembre aún más ajustes que han provocado un creciente descontento social. Toda una serie de medidas han sido adoptadas con decretos leyes, sin que las puedan estudiar los diputados, denuncia una vocera de la Coordinadora #25S, plataforma encargada de organizar el movimiento, quien pidió el anonimato.
Su consigna: La democracia está secuestrada. El 25 de septiembre vamos a rescatarla. Entre los manifestantes se encuentra Carmen Rivera, fotógrafa activista del movimiento de los indignados de 40 años. Afirma que la policía ha parado y registrado el autobús en el que viajó durante la noche con una cincuentena de manifestantes desde Granada (sur), a fin de verificar sus identidades.
No estamos de acuerdo con los recortes que se han hecho, explica. Queremos una disolución de las Cortes, un referéndum y una asamblea constituyente para que la gente pueda tener una palabra en todo.
Otros autobuses llegaron a la capital el martes procedentes de una decena de ciudades de España, según los organizadores. Su destino: Atocha y Neptuno, y también la Plaza de España, en el otro extremo de la ciudad.
Vengo a protestar contra una clase política que no da ninguna opción al pueblo de opinar, lanza Rómulo Banares, un artista de 40 años que acaba de llegar a la Plaza de España. Lleva un cartel inmobiliario con la inscripción Se Vende España y unas gafas de sol con la señal del dólar y del euro en cada uno de los cristales.
Su enfado se dirige contra la ayuda a los bancos españoles, que podrán recibir hasta 100.000 millones de euros según un acuerdo alcanzado por Madrid con la zona euro en junio. Y también contra la hipótesis de que el Gobierno se vea finalmente forzado a pedir una ayuda financiera global para su economía. Han pedido un rescate sin consultar en referéndum y van a pedir un segundo rescate sin consultar al pueblo, que es el que va a sufrir todas las consecuencias, dice.
El llamamiento a rodear el Congreso circulaba desde hacía varias semanas en internet. El anuncio de la movilización llevó a las autoridades a advertir en varias ocasiones de que el código penal español prevé penas de cárcel de entre seis meses y un año para los responsables de manifestaciones que alteren el funcionamiento de las instituciones parlamentarias.
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