5 de junio de 2008 - 00:00
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El presunto cerebro del 11-S pidió la pena de muerte
El juez, el coronel de marines Ralph Kohlmann, intentó persuadir a Mohammed de aceptar un abogado, diciéndole, "Es una mala idea que te representes a ti mismo".
Mohammed y los otros acusados Ali Abdul Aziz Ali, Ramzi Binalshibh, Mustafa Ahmed al-Hawsawi y Walid bin Attash están acusados de cometer terrorismo y conspirar con Al Qaeda para asesinar civiles en los ataques que provocaron la llamada guerra contra el terrorismo de la administración Bush.
También enfrentan 2.973 cargos de asesinato, uno por cada persona que murió en el 2001 cuando aviones de pasajeros secuestraron impactaron las Torres Gemelas, el Pentágono y un campo de Pensilvania.
Los cinco acusados ingresaron al salón de la corte por su propia voluntad y no tuvieron que ser forzados a abandonar sus celdas para llegar a la audiencia, dijo una portavoz del proceso.
Detención secreta
El proceso se vio envuelto en la polémica detención secreta de los cinco hombres y por el hecho de que la CIA reconoció haber sometido a Jalid Sheij Mohammed a una técnica de interrogatorio considerada por muchos como una forma de tortura.
"La defensa alegará que las pruebas del gobierno son dudosas. Si hubo torturas, serán inadmisibles. ¿Cómo va a definir el juez qué es tortura y qué coerción?", se pregunta Geoffrey Corn, profesor de derecho y asesor jurídico de los abogados de la defensa.
Durante una audiencia a puertas cerradas en marzo de 2007, de la que el Pentágono publicó una transcripción parcial, Jalid Sheij Mohammed denunció torturas y reivindicó toda la responsabilidad del 11 de septiembre y de otros treinta atentados o planes de atentados.
Ramzi ben al-Shaiba se negó a participar del procedimiento, Wallid ben Attash y Mustafá al-Hawsawi reconocieron lo esencial de las acusaciones, pero Ali Abd al-Aziz Ali negó cualquier vínculo con el terrorismo.
Los sospechosos fueron arrestados entre 2002 y 2003 y luego transferidos a esta controversial base en la isla de Cuba en 2006.
La audiencia tiene lugar en una sala nueva, diseñada para que el juez impida al público escuchar los debates si se mencionan elementos confidenciales. El número de lugares para el público es limitado, pero el Pentágono previó acoger a unos sesenta periodistas, así como a observadores de la sociedad civil.
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