Gran Bretaña quiere controlar hasta los mensajes de texto

20 de mayo de 2008 - 00:00

(Télam) - El gobierno británico quiere endurecer los controles a sus ciudadanos a través del registro en una base de datos global y de todas las llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes de texto (SMS) que circule por el país, informó este martes la prensa.

Según el diario "The Times", el Ministerio del Interior estudia la instauración de una norma al respecto como parte de una estrategia de "lucha contra el terrorismo", intento que ya cuenta con otros precedentes polémicos como el intento de ampliar el plazo de detención sin cargos de los 28 días actuales a 42.

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El controvertido proyecto incluye, asimismo, el control del tiempo en la red Internet de cada persona, para lo que ya se habría puesto en contacto con los proveedores de internet (ISP) y las compañías de telecomunicaciones.

La intención del Ejecutivo es que estas empresas faciliten las grabaciones y registros que, según estipula la directiva antiterrorista de la Unión Europea actualmente pueden mantener durante un año, para pasar durante un plazo similar bajo custodia gubernamental.

Durante ese plazo, tanto la policía como los servicios de seguridad en general podrían acceder una vez obtenida la autorización judicial, informó la agencia Europa Press.

Ante el hecho, diversas organizaciones ciudadanas e incluso organismos oficiales de carácter independiente denunciaron un intento de "control desmedido", tras los planes en otros registros masivos en documentos como los de identidad y de los propios usuarios del sistema de salud.

Por otro lado, también han surgido dudas sobre la capacidad de obtener y procesar toda la información generada por una red en la que tan sólo el pasado año se intercambiaron 57 mil millones SMS y que este año ya promedia los tres millones de correos electrónicos diarios.

Por su parte, la industria de las telecomunicaciones ya advirtió que este registro de datos se encontraría en permanente riesgo de ataques y abusos, mientras que cuerpos reguladores como la Comisión de Información del propio Gobierno admitieron las "preocupaciones serias" que genera este "posible paso demasiado lejos".