Evo Morales paga renta vitalicia a ancianos, pese a opositores

1 de febrero de 2008 - 00:00

LA PAZ (AP).- El presidente Evo Morales inició el viernes el pago de una renta vitalicia a 676.000 mayores de 60 años en medio de besos y abrazos de muchos beneficiarios y el rechazo de las prefecturas (gobernaciones) opositoras, que no aceptan que se costee ese programa con sus recursos.

"Las autoridades nacionales, departamentales, regionales, pueden atender a nuestros viejitos y nos es posible que puedan oponerse (...). Esa no es plata de Evo Morales, no es de los alcaldes, de los prefectos, es plata del pueblo boliviano", dijo el Presidente al inicio del pago, en un cuartel militar de Cochabamba, al centro del país.

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En respuesta, el prefecto (gobernador) de Santa Cruz, Rubén Costas, dijo en un mensaje a la población cruceña que el "único fin del gobierno" es diezmar a la oposición, y que ese dinero estaba destinado a obras, incluidas algunas para enfrentar las inundaciones que castigan a varias regiones.

Ante la situación, que en criterio de Costas manifiesta que el gobierno ha decidido romper el diálogo de reconciliación con los prefectos para buscar, entre otros asuntos, fuentes alternativas para el pago de la renta, el prefecto convocó para el 4 de mayo a un referéndum de aprobación de la constitución autonómica de Santa Cruz.

Las partes tenían como punto central en el diálogo el rechazo de los prefectos al proyecto de constitución que aprobó en diciembre el mayoritario oficialismo en la Asamblea Constituyente.

Allí, el gobierno propuso, sin éxito, "compatibilizar" ese texto con los estatutos autonómicos de Santa Cruz y otros tres departamentos. Las prefecturas de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarja, insisten en que la aprobación de esa constitución es ilegal. El gobierno dice lo propio de sus estatutos autonómicos.

El prefecto de Cochabamba, el también opositor Manfred Reyes Villa, dijo a la prensa que la ruptura del diálogo parece inminente y que es el resultado de la decisión de Morales de avanzar en el pago de la renta, llamada Dignidad.

Reyes y los prefectos opositores --seis son de oposición, dos oficialistas y un independiente-- coincidieron en que ante el virtual rompimiento, será necesario convocar a un referéndum de revocación del mandato del presidente y de ellos mismos. Morales había planteado esa posición al inicio del diálogo, a principios de enero.

Pero el vicepresidente Alvaro García, a quien los prefectos acusan de entorpecer el diálogo por supuestamente maltratar a los delegados de las prefecturas que llegaron a La Paz para analizar la semana pasada el tema de la constitución, dijo que el "el gobierno ha cedido mucho" porque decidió compensar, en parte, a las prefecturas.

La renta Dignidad supone un presupuesto de 200 millones de dólares anuales, que serán cubiertos con la poda de hasta un 80% de la coparticipación de las prefecturas en un Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Los mayores recibirían con la medida hasta el equivalente a 317 dólares anuales.

Para ello, el gobierno no sólo cuenta con el apoyo de varias instituciones financieras, sino también de las fuerzas armadas, a las que les ha encargado que desde cuarteles y unidades móviles paguen la renta a unas 111.000 personas, en las zonas rurales.

El diputado y dirigente del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) Gustavo Torrico dijo que, con la convocatoria al referéndum pro autonomía en su departamento, Costas irá a prisión.

El asesor principal del prefecto, el constitucionalista Juan Carlos Urenda, replicó que la única instancia que puede decidir si el referéndum es ilegal es el Tribunal Constitucional, y que tiene ocho días para pronunciarse.