SAO PAULO - El presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva reiteró ayer ante el 3er. Congreso del oficialista Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) que no pretende un tercer mandato y que aspira entregar la banda presidencial a alguien capaz de continuar su proyecto.
Recordó que el PT nació para conducir los destinos de Brasil, entonces sus ocho años de gestión -que finalizan el 31 de diciembre de 2010- no pueden ser sólo una "pausa progresista", y pretende pasar la banda presidencial "a alguien identificado con nuestro proyecto, capaz de darle continuidad y profundidad".
El Congreso, que comenzó el viernes, estudia una propuesta de convocar a una Asamblea Constituyente con el único propósito de definir una reforma política, y la oposición temía que allí se pudiera habilitar una segunda reelección de Lula, lo que fue descartado por el presidente.
"El PT y sus aliados tienen nombres, pero sobre todo ideas y legitimidad, para tener una candidatura propia", admitió Lula, pero más adelante advirtió que "nuestro gobierno comprende también una amplia coalición de partidos, importante para cumplir nuestro proyecto".
Denuncia
Una nueva denuncia por sobornos, desvío de dinero público y chantaje puede complicar aún más la difícil situación del presidente del Senado de Brasil, Renan Calheiros, informó ayer un semanario local.
La revista Época reproduce declaraciones hechas a la Policía Civil de Brasilia por un ahijado de casamiento del senador del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) –principal fuerza aliada del gobierno del presidente Luiz Inacio Lula da Silva-, según las cuales Calheiros recibía sobornos provenientes de ministerios comandados por el PMDB y de agencias bancarias.
El denunciante, el abogado Bruno Miranda Ribeiro Brito, afirmó que en al menos seis ocasiones fue personalmente a buscar dinero en efectivo, fruto del pago de sobornos, para Calheiros, añade Época, según reprodujo DPA.
Las nuevas denuncias están siendo investigadas por la Policía Federal junto a otras acusaciones que pesan contra el senador, quien ya enfrenta un proceso porque la pensión alimenticia de una hija ilegítima corría a cargo de una constructora privada, entre otros gastos personales.
También se lo investiga por comprar a nombre de testaferros medios de comunicación en su reducto electoral, el Estado de Alagoas, y de haber usado recibos falsos para justificar sus ingresos.
