La mayor organización de abogados de Estados Unidos pide que se interrumpa la pena de muerte

Un estudio señala que los condenados no tienen garantizado un proceso justo y que el sistema carece de fondos y es racista.

29 de octubre de 2007 - 00:00

(EFE) - La mayor organización de abogados de EE UU ha pedido hoy que se interrumpan todas las ejecuciones en el país tras detectar "serios problemas" que demuestran que los condenados a pena de muerte no tienen garantizado el acceso a un proceso justo. The American Bar Association (ABA), una institución con más de 400.000 miembros, ha hecho este llamamiento tras presentar un informe de los últimos tres años en ocho de los 38 estados que aplican la pena capital.

El estudio señala que el sistema que conduce a la ejecución de presos carece de fondos y personal y es claramente racista. Los estados analizados (Alabama, Georgia, Indiana, Ohio, Tennessee, Florida, Arizona y Pensilvania) se eligieron al azar, según esta asociación, que excluyó a Texas -donde se da el mayor número de ejecuciones- debido a que su gran extensión territorial requería un enorme despliegue de recursos.

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"No se está entregando la justicia que merece, respeta y está garantizada al pueblo estadounidense", ha afirmado Stephen Hanlon, presidente del Proyecto para la Implementación de una Moratoria sobre la Pena de Muerte. El directivo ha pedido a todas las jurisdicciones con pena de muerte que "impongan una suspensión temporal inmediata de las ejecuciones hasta que haya un motivo mayor para tener la seguridad de que existe justicia y exactitud en nuestros sistemas de pena de muerte".

Disparidades raciales

El estudio señala que en todos los estados investigados existen "disparidades raciales significativas", fundamentalmente asociadas con el color de piel de la víctima. Así, en Ohio, los que asesinan a un blanco tienen casi cuatro veces más posibilidades de ser condenados a la pena de muerte que los que matan a un negro.

A ese problema se suman otros igualmente graves, incluida la defectuosa recogida de pruebas, la falta de fondos en los laboratorios forenses, las confesiones falsas que se traducen en condenas, la escasa fiabilidad de los testimonios de testigos y la escasez de abogados cualificados.

Indiana, por ejemplo, no pide a los letrados que representan a los condenados a pena de muerte que demuestren formación alguna. Los estados carecen también de las políticas para garantizar que los abogados que representan a personas con retraso o con enfermedades mentales evalúan adecuadamente a sus clientes.

Igualmente cuestionable es la parte que atañe a los fiscales, según el informe, que destaca que muchos estados no exigen formación específica para casos que involucran la pena capital y no adoptaron medidas disciplinares contra fiscales que cometieron fallos graves. Los responsables del estudio indican que con frecuencia la pena de muerte parece aplicarse no en función de quién ha cometido el peor crimen, sino de quién tiene el peor abogado.