miércoles 25 de mayo de 2022

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Perú: analizan ampliar la pena de muerte

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20 de septiembre de 2006 - 00:00
Lima (Télam).- El Parlamento de Perú comenzó a analizar hoy en comisión tres proyectos que apuntan a establecer la pena de muerte para violadores y asesinos de niños, en lo que constituye uno de los debates más resonantes de los últimos tiempos.

Las iniciativas -una del gobierno, otra del bloque oficialista y otra de la oposición, que fue la primera en presentarse- son analizadas en el seno de la Comisión de Constitución del Congreso, que debe elaborar un dictamen para presentarlo luego al plenario de los legisladores. El gobierno, que tiene en el presidente Alan García a un impulsor entusiasta de la propuesta, presentó anoche su proyecto, que propone ampliar el artículo 140 de la Constitución para que la pena de muerte, ahora limitada a la traición a la patria durante guerra externa y a casos graves de terrorismo, se aplique también a los autores de violaciones de menores de siete años que terminen con el fallecimiento de la víctima, consignó la agencia noticiosa alemana DPA.

La propuesta del Ejecutivo señala que para adoptar tal medida Perú no tiene que denunciar la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San José), pues ésta apunta en un inciso: "En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves". En Perú existe ese castigo, al margen de que no se haya planteado nunca su ejecución, sostienen constitucionalistas cercanos al gobierno.

La bancada parlamentaria del oficialista Partido Aprista Peruano (PAP) entregó su proyecto poco después que el Ejecutivo y propone modificaciones a dos incisos del Código Penal, para adecuarlo a la figura que se pretende imponer. Aunque el tema fue puesto sobre el tapete por García al convertirlo en uno de sus promesas electorales, la bancada de la alianza conservadora Unidad Nacional (UN) se había anticipado, al presentar hace ocho días un primer proyecto de ley, más severo que el defendido ahora por el gobierno.

Según esa iniciativa, la pena de muerte se aplicará a los violadores de menores de nueve años y de discapacitados físicos o mentales y a los violadores de personas de entre nueve y 18 años que además asesinen a la víctima. A diferencia de lo expuesto por el Ejecutivo, el proyecto de UN añade la necesidad de denunciar el Pacto de San José, con lo que Perú quedaría fuera del sistema interamericano de derechos humanos.

La pena de muerte para violadores y asesinos de menores de edad tiene amplio respaldo popular, según reflejaron diversas encuestas, pero provoca objeciones de tipo moral y jurídico por parte de diversas instituciones, incluida la Iglesia católica, mayoritaria en el país. Las discrepancias son tales que incluso en cada bancada parlamentaria hay posiciones a favor y en contra, por lo que resulta difícil anticipar los posibles resultados.

Los defensores del castigo afirman que hay que hacer algo para evitar que siga la violencia contra niños y adolescentes, un fenómeno que desgarra al país. En tanto, los detractores argumentan que el Estado no puede disponer de la vida, que hay graves implicaciones jurídicas y que el actual Poder Judicial, al que acusan de mal funcionamiento, podría cometer errores irreparables.
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