Se lleva a cabo la audiencia por las papeleras ante la corte internacional. Temprano comenzó el turno de los representantes argentinos.
Buenos Aires (Télam).- La Corte Internacional de Justicia de La Haya será hoy sede de las audiencias convocada para escuchar la posición de los gobiernos de Argentina y Uruguay frente a los cortes de ruta que se realizan en la ciudad de Gualeguaychú contra la instalación de pasteras en el país vecino.
Las audiencias, que serán públicas y orales, se realizan hoy en el Palacio de la Paz, en La Haya, donde funciona el principal órgano de justicia de las Naciones Unidas.
La primera ronda de alegatos comenzó a las 10 (5 hora argentina) con la exposición oral de la delegación uruguaya, que está previsto que finalice a las 13. Por la tarde, entre las 15 y las 18, la delegación argentina expondrá sus argumentos en inglés o en francés -los idiomas oficiales de la Corte.
De acuerdo a la agenda de la Corte, mañana tendrá lugar la segunda ronda de alegatos -aunque sólo "si es necesario", según se aclara-, en la que se escuchará la réplica de Uruguay entre las 10 y las 12 y la de Argentina entre las 16.30 y las 18.30.
Los integrantes del equipo que están presentes en la Corte para escuchar la demanda uruguaya y defender la posición argentina son la consejera legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cerutti, el director del Instituto del Servicio Exterior, Horacio Basabe, el embajador argentino en Holanda, Santos Goñi.
La audiencia fue convocada por el Tribunal haciendo lugar al pedido de medida cautelar presentado por el Estado uruguayo en contra de la Argentina, el último 29 de noviembre.
La demanda uruguaya es en respuesta a los cortes de ruta por tiempo indeterminado iniciados por la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú en el puente binacional, en protesta por la instalación de la pastera Botnia en Fray Bentos.
El tribunal no informó la fecha en que se emitirá la resolución, y el cuerpo inicia un receso desde el 25 de diciembre al 8 de enero.
La Corte de La Haya es, además, el tribunal que tiene a su cargo la resolución de una demanda presentada por la Argentina, que acusa al gobierno oriental de haber violado el Tratado binacional sobre el Río Uruguay al autorizar en forma inconsulta la instalación de pasteras.
