Mireya Moya cuestionó la medida y aseguró que seguirá acompañando a sus hijos en el establecimiento educativo.
Una madre de alumnos de la Escuela Provincial N.º 282 “Segundo Teófilo Sosa”, de Quirós, departamento La Paz, recibió una notificación judicial que le impone una prohibición de contacto con una integrante del equipo directivo del establecimiento, luego de participar de reclamos por el apartamiento de una docente y cuestionar presuntas irregularidades en la institución.
Se trata de Mireya Moya, quien manifestó que fue notificada por personal policial y aseguró que desconoce los motivos de la denuncia que originó la medida. “Todavía no tengo conocimiento de las denuncias, de lo grave que hice yo para denunciar”, expresó en declaraciones radiales.
Según la notificación judicial, la medida fue dispuesta en el marco de una causa que se tramita en la Fiscalía de Instrucción Penal de la Sexta Circunscripción Judicial y establece una prohibición de mantener contacto directo o indirecto con la denunciante y su grupo familiar a una distancia inferior a 500 metros, durante 90 días.
La restricción también alcanza las comunicaciones telefónicas, mensajes, redes sociales, medios radiales y publicaciones que hagan referencia a la denunciante.
Moya vinculó la medida con sus intervenciones públicas durante el conflicto que atraviesa la comunidad educativa de la Escuela N.º 282. “Esa es la consecuencia de salir a hablar, de preguntar, de interesarse en lo que pasa con el tema de educación de los chicos”, sostuvo.
El conflicto en la institución se hizo público durante septiembre, cuando familias de alumnos de segundo grado reclamaron por el apartamiento transitorio de la docente Evelin Caminos y solicitaron explicaciones a las autoridades. Las familias habían difundido previamente una carta abierta en respaldo de la maestra y cuestionaron las acusaciones por presuntos malos tratos.
Posteriormente, padres y madres se manifestaron en inmediaciones del establecimiento para pedir la reincorporación de Caminos y plantearon además presuntas irregularidades en otros ámbitos de la institución.
De acuerdo con el relato de Moya, hasta el momento las familias no recibieron definiciones sobre la situación de la docente. “Los chicos lamentablemente la extrañan y se están sintiendo solos”, manifestó.
La madre también cuestionó el funcionamiento del comedor escolar y planteó que las familias deberían contar con información sobre los fondos destinados a ese servicio y su utilización. “Los padres no sabemos cuánto envían, cuánto envían de dinero”, afirmó, y reclamó que los ingresos y gastos sean informados de manera periódica.
Moya también se refirió a una reunión mantenida con autoridades educativas provinciales. Según relató, los padres debieron firmar un acta en disconformidad y elaborar otro documento para dejar asentados sus planteos.
Finalmente, la mujer aseguró que continuará concurriendo al establecimiento para acompañar a sus hijos, pese a la medida judicial. “Primero están mis hijos”, sostuvo, y pidió que las autoridades investiguen las situaciones planteadas por las familias y brinden respuestas.
