El gremio cuestionó varios puntos del borrador oficial del Ministerio de Educación y planteó alternativas para garantizar la transparencia y equidad en el proceso.
La Unión Docentes Argentinos- seccional Catamarca- informa acerca de las propuestas que fueron realizadas en el marco de la paritaria pedagógica y en la mesa de debate en la que se está discutiendo las bases para el concurso de supervisores pedagógicos y de mediación.
En primera instancia, el gremio había solicitado, antes de comenzar a debatir las bases para el concurso de supervisores, la derogación de la ley 5.103 al considerar que entra en contradicción con el Estatuto del Docente. La propuesta no fue aceptada por el Ministerio de Educación.
La mencionada normativa instituyó el régimen legal de aplicación para los concursos de cargos de conducción y supervisión de las escuelas de la provincia . Un dictamen legal del Ministerio de Educación del año 2007 ya advertía que dicha normativa “quebranta gravemente derechos basales de los docentes del sistema educativo provincial”.
Con respecto al concurso para supervisores, el gremio que conduce la secretaria general Nancy Agüero postuló que los miembros integrantes del Tribunal evaluador no podrán tener condiciones inferiores en relación con los evaluados. Además, instó a la participación de veedores que representen a los gremios.
En este mismo sentido, UDA expresó que las bases para el concurso debería requerir que los postulantes tengan un mínimo de tres años como experiencia en cargos de conducción. Acerca de la evaluación de los postulantes, UDA propuso que títulos y antecedentes representen el 40% del total; evaluación y proyecto un 30% y entrevista un 30%. El borrador oficial del Ministerio de Educación propone que títulos y antecedentes no supere el 30% del total, evaluación del proyecto 30% y defensa y entrevista personal, 40%. En este sentido el gremio de UDA considera que es necesario que títulos y antecedentes tengan mayor valoración.
Otro punto observado es que el borrador oficial establece que el Proyecto Educativo de Supervisión deberá prever una duración de cuatro años y se organizará en función de cuatro períodos anuales con instancias de evaluación de resultados de cada una. En este caso, el gremio plantea que no está de acuerdo con el plazo de duración ya que atenta contra el Estatuto Docente y la estabilidad laboral. Además, UDA propone que, respecto a los supervisores de educación técnica, se consideren las distintas especialidades técnicas que se dictan en la provincia.
En otro punto, el gremio propuso que se realice una jornada institucional informativa para socializar las bases de los concursos. Por otra parte, expresó su oposición a que la Junta de Clasificación tome participación en la inscripción y trámite posterior de los concursos ya que debe regularizarse la conformación de esta. Agüero destacó la necesidad de normalizar la Junta de Clasificación, organismo que concentra toda la información y estructura vinculada a los concursos. Ratifica el respeto al Estatuto Docente y considera indispensable ajustarse a la normativa vigente, en lo referido al llamado a concurso para cargos de conducción y supervisión. Añade que debe convocarse a elecciones para renovar la Junta cuyo mandato venció recientemente, “lo que genera una situación de acefalía”, planteó.
Con respecto a la titularización, el gremio opinó en la mesa que es imperativo volver a lo que establece la ley, pero también ser realistas. Menciona que la titularización por decreto debía ser una medida excepcional y por única vez para el escalafón inicial docente (cargos de maestros y horas cátedras). Sin embargo, ya fue utilizada en condiciones anteriores. En este sentido considera que el Estado mantiene una mora con la convocatoria a la titularización y, en consecuencia debe resarcir al docente por no haber cumplido con el procedimiento.
UDA reconoce que la titularización forma parte de la jerarquización de la carrera docente y advierte que si se continúa recurriendo al decreto se corre el riesgo de depender siempre de esta vía, cuando la ley es clara al establecer sobre cómo se accede y asciende en la carrera docente.
