Desde el sector explicaron que los pequeños emprendedores no pueden afrontar las exigencias de antigüedad vehicular debido a la caída de la actividad.
El marco normativo que regula la prestación de servicios turísticos en Catamarca establece una serie de exigencias técnicas y operativas para la habilitación de vehículos, entre las que se incluye un límite de diez años de antigüedad. El cumplimiento de estas disposiciones reabrió el debate en torno a las condiciones de regularización y las diferencias operativas entre grandes empresas y pequeños prestadores locales.
En declaraciones al programa Mañana Central de Ancasti Streaming, Horacio Suárez, referente de la Asociación de Prestadores Turísticos, explicó la situación que atraviesa el sector: "Es un tema complejo. Si bien es algo de lo que se viene hablando hace un buen tiempo, de que todos puedan estar 'en blanco', al día, habilitados y registrados como corresponde, también vemos que a muchos de nuestros asociados, gente que tiene su camioneta o sus pymes, se les dificulta muchísimo poder entrar dentro de los requerimientos que se plantean en esta ley".
Asimismo, Suárez precisó las diferencias entre las grandes firmas y los pequeños prestadores al abordar las inversiones necesarias: "Este tipo de regulaciones, si bien son importantes y fundamentales para elevar el nivel y la calidad del servicio turístico, por otro lado implica grandes inversiones que mucha gente que brinda estos servicios no tiene cómo hacer. Vemos que consiguen cambiar sus vehículos las grandes empresas de turismo, las mayores, que tienen para invertir o pueden acceder a créditos; los más pequeños, los guías que tienen una sola camioneta o un par de vehículos, no llegan".
En relación con las excursiones en zonas de alta montaña, como el Balcón del Pissis, el referente remarcó la importancia de priorizar las condiciones de seguridad frente a las inclemencias climáticas. En ese aspecto, planteó la necesidad de contar con créditos prendarios de fácil acceso para sostener la actividad frente a los meses de inactividad que afrontan los operadores.