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Carta al ministro Lugones

La Iglesia pidió al Gobierno respuestas urgentes por la crisis en discapacidad

La Conferencia Episcopal Argentina advirtió sobre retrasos en aportes estatales y pidió garantizar la continuidad de instituciones que atienden a personas con discapacidad.

1 de abril de 2026 - 11:42

La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina envió una carta al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, en la que expresó su preocupación por la situación que atraviesan instituciones dedicadas al cuidado de personas con discapacidad y solicitó medidas urgentes para garantizar la continuidad de los servicios.

El documento, fechado el 1 de abril de 2026, advierte sobre una “crisis económica de extrema gravedad” que afecta a numerosas organizaciones, atribuida al retraso y la insuficiencia de los aportes estatales. Según se indicó, esta situación genera déficits que comprometen aspectos esenciales de la atención, como la alimentación, el acceso a medicamentos y el pago de salarios del personal.

En la carta, la entidad sostuvo que “los compromisos de organismos nacionales no se regularizan desde finales de 2025”, mientras que las instituciones deben afrontar costos actualizados de funcionamiento. En ese contexto, se alertó sobre consecuencias como el endeudamiento creciente, el riesgo de cierre de hogares y el deterioro en la calidad de los servicios.

El Episcopado también mencionó el caso de los Cottolengos Don Orione, donde —según indicó— la continuidad del cuidado de unas 1.200 personas con discapacidad se encuentra en “riesgo real e inmediato”.

Asimismo, se solicitó el cumplimiento de la Ley 24.901, que regula el sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad, y se remarcó que “las personas con discapacidad no pueden esperar”, en referencia a advertencias previas realizadas en 2025.

En el tramo final del documento, la Iglesia pidió “una respuesta concreta, visible y urgente” por parte del Estado nacional y advirtió que la discapacidad no debe quedar sujeta a “recortes” ni a “disputas administrativas o coyunturas políticas”.

Por último, la Conferencia Episcopal expresó su disposición a colaborar en la apertura de instancias de diálogo que permitan encontrar soluciones a la problemática.

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