Son 3,6 millones los menores de 18 años sin cobertura médica. Hospitales de la UBA alertan por posible colapso.
En Argentina, casi cinco de cada diez chicos no tienen obra social ni prepaga. El sistema de salud público es su única cobertura médica. Son 3,6 millones de menores de 18 años. El porcentaje –45%– es el más alto registrado en toda la historia de la estadística.
El dato surge del informe semanal del Instituto Argentina Grande (IAG), elaborado en base a la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC con datos del segundo semestre de 2025. En total, 10,3 millones de personas dependen únicamente del sistema de salud público. Dos años antes eran 9,5 millones. El incremento fue de 742.000 personas.
Según el informe, hay dos razones fundamentales que provocaron este aumento. Primero, el precio de las prepagas, que desde el decreto 70/2023 que desreguló el mercado, las cuotas aumentaron un 417%, mientras la inflación del mismo período fue del 293%.
En segundo lugar, está la pérdida de empleo formal, ya que en los últimos dos años se perdieron 206.000 puestos de trabajo registrado, lo que implica que los trabajadores y sus familias quedan sin obra social. La tasa de desprotección laboral llegó al 44,9% de los ocupados –más de 6 millones de personas–, el nivel más alto que registra la serie.
La pérdida de cobertura no fue pareja. El 59,8% de quienes quedaron sin obra social, prepaga, mutual o servicio de emergencia en estos dos años fueron mujeres –444.000 contra 298.000 varones–. En el segundo semestre de 2025, las mujeres pasaron a ser mayoría entre quienes dependen exclusivamente del sistema público: 5,18 millones frente a 5,11 millones de varones.
El mercado de medicamentos agrega otra dimensión. Mientras la facturación real de las farmacéuticas creció un 14% desde el cambio de gobierno, la venta de unidades cayó. En el tercer trimestre de 2025 se vendieron 5,4 millones de medicamentos menos que en el mismo trimestre de 2023.
Por su parte, el ajuste en el consumo es más agudo en adultos mayores, el segmento que más medicación requiere. Además, la tasa de actividad de los mayores de 65 alcanzó un pico histórico para el cuarto trimestre de 2025: 16,89%, con un crecimiento especialmente marcado entre mujeres. Cada vez más adultos mayores salen a trabajar.
En Salta, la demanda en los hospitales públicos creció cerca del 75% en los últimos dos años, según el ministro de Salud provincial, Federico Mangione. Las guardias del Hospital San Bernardo y el Materno Infantil funcionan por encima de su capacidad; en días pico, la espera para una consulta pediátrica no urgente supera las seis horas.
En Santiago del Estero, el secretario de Salud provincial Gustavo Sabalza contabilizó un incremento del 40%. “La gente hoy no puede pagar un coseguro”, dijo Sabalza. “Y la mayoría de las obras sociales no cubren el 100% en nada. La gente acude al hospital público porque si no, no tendría acceso a la salud”.
En la provincia de Buenos Aires, el 50% de las internaciones en hospitales públicos corresponde a personas con obra social –muchas de PAMI– que ya no encuentran cobertura en el sector privado, según el ministro de Salud provincial Nicolás Kreplak. Al mismo tiempo, las transferencias nacionales en medicamentos, vacunas e insumos cayeron un 62%.
El patrón se repite en provincia tras provincia. Personas con obra social que migraron al sistema público porque sus coberturas ya no responden o porque no pueden pagar las prepagas.
Mientras crece la presión sobre el sistema público, los hospitales que lo sostienen enfrentan una crisis de financiamiento. Los seis centros de salud dependientes de la Universidad de Buenos Aires –el Hospital de Clínicas, el Instituto de Oncología Ángel Roffo, el Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari, el Instituto de Tisioneumonología Vaccarezza, el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria– atienden más de 700.000 pacientes por año.
El 5 de mayo, sus directores dieron una conferencia de prensa frente al Clínicas y advirtieron que si el Gobierno no gira los fondos previstos en el Presupuesto 2026, en 45 días los hospitales podrían dejar de funcionar.
El Presupuesto 2026 incluyó una partida de $79.763 millones para hospitales universitarios de todo el país. Según la UBA, en lo que va del año no se ejecutó ningún monto de esa partida. La deuda acumulada en el primer cuatrimestre ronda los $20.000 millones.
“En un mes y medio no sabemos si vamos a poder seguir prestando la atención a los pacientes”, dijo Marcelo Melo, director del Hospital de Clínicas. En el Instituto Roffo, que atiende más de 110.000 consultas oncológicas por año, el acelerador lineal para tratamientos de radioterapia no funciona correctamente. “La falta presupuestaria es muy importante”, señaló su directora, Roxana Aguila. “Todo esto, si en un mes y medio no recibimos la partida, se va a poner en peligro.”
El Gobierno respondió que está al día con todas las transferencias previstas. Según el Ministerio de Capital Humano, el conflicto gira en torno a una partida adicional cuya distribución entre todas las universidades del país aún no se definió. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, cuestionó que la UBA reclame el 94,5% de ese fondo, lo que dejaría menos de $4.000 millones para el resto de las universidades con hospitales.
El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, respondió que el Gobierno “no giró un solo peso” a ninguna universidad con hospital. Mientras la UBA analiza acciones judiciales, mañana habrá una nueva marcha federal universitaria.
Fuente: El Diario Ar
