Las medidas son obligatorias para todos los establecimientos del sistema provincial tanto públicos y privados.
Escuela. centrica
El Ministerio de Educación y Trabajo emitió una extensa circular dirigida a supervisores y equipos directivos de toda la provincia en la que ordena la aplicación inmediata de nuevas disposiciones de seguridad, organización y resguardo institucional en las escuelas públicas provinciales.
La medida surge, según se expresa en el documento oficial, ante “las diversas situaciones complejas” registradas en establecimientos educativos y busca preservar el normal desarrollo de las clases, evitar interrupciones y garantizar la integridad física, psíquica y social de estudiantes y trabajadores de la educación.
Entre los puntos centrales de la resolución se encuentra el endurecimiento de los controles de ingreso. Desde ahora, queda prohibido el acceso a las escuelas de personas ajenas al Ministerio de Educación y Trabajo, como promotores, vendedores o representantes de otras instituciones, salvo autorización escrita previa de las autoridades correspondientes.
Además, toda persona externa autorizada a ingresar deberá registrarse obligatoriamente en un libro de visitas institucional, dejando asentados nombre, DNI, organismo de procedencia, motivo del ingreso y horario de entrada y salida.
La circular también dispone que todas las puertas y portones de acceso permanezcan cerrados durante el horario escolar, bajo responsabilidad del personal designado por cada institución. El objetivo es garantizar un control permanente sobre quienes ingresan y egresan de los edificios escolares.
Otro de los ejes más relevantes apunta a las situaciones de conflicto o violencia. El protocolo establece que, ante el ingreso de personas no autorizadas o comportamientos agresivos, los directivos deberán resguardar inmediatamente a los estudiantes en espacios seguros y comunicarse con el sistema de emergencias 911 para solicitar intervención policial.
La normativa también fija pautas estrictas para casos de disputas familiares vinculadas al retiro de alumnos. Si una persona no autorizada intenta retirar a un estudiante, la escuela no podrá entregarlo bajo ninguna circunstancia y deberá contactar de inmediato al tutor legal registrado. Si existiera una situación de violencia o amenaza, se deberá dar intervención a la Policía y a la Línea 102 de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Fotografias
En paralelo, el Ministerio avanzó sobre otro tema sensible: la protección de la imagen y privacidad de los estudiantes. La circular prohíbe expresamente la toma y difusión de fotografías o videos de alumnos dentro de los establecimientos sin consentimiento escrito previo de padres o tutores.
Asimismo, se restringe la utilización de imágenes de estudiantes en redes sociales personales de docentes o personal escolar, autorizándose únicamente la difusión institucional a través de canales oficiales de las escuelas.
Las medidas también alcanzan la organización diaria de las trayectorias escolares. Los establecimientos deberán actualizar fichas con datos de las personas autorizadas para retirar alumnos y registrar el medio de transporte habitual utilizado por cada estudiante. Los retiros anticipados reiterados deberán ser justificados formalmente mediante certificados o documentación respaldatoria.
En cuanto a las salidas educativas, el Ministerio determinó que todas deberán contar con autorización expresa de los padres y que el regreso de los alumnos deberá realizarse obligatoriamente a la institución escolar, salvo excepciones debidamente informadas.
La circular incorpora además un procedimiento obligatorio para registrar cualquier hecho considerado “situación compleja”. Los directivos deberán labrar actas institucionales detalladas y elevar informes a la supervisión correspondiente dentro de las 24 horas hábiles posteriores al incidente. El documento advierte que el incumplimiento de las disposiciones podrá derivar en sanciones administrativas para los responsables institucionales, en el marco del régimen disciplinario vigente para funcionarios públicos provinciales.
Desde el Ministerio remarcaron que las nuevas disposiciones se apoyan en la Ley Provincial de Educación, la Ley Nacional de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y el Protocolo Provincial de Actuación ante Situaciones Complejas en las Instituciones Educativas.
