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Sobre los concursos en la UNCA y la urgencia de una democracia universitaria

Hace unos días se reveló un secreto a voces en el seno de la Facultad de Humanidades de la UNCA, a saber: los concursos docentes no son objetivos, transparentes y democráticos...
5 de marzo de 2020 - 21:10 Por Redacción El Ancasti

Hace unos días se reveló un secreto a voces en el seno de la Facultad de Humanidades de la UNCA, a saber: los concursos docentes no son objetivos, transparentes y democráticos. Tal situación se reveló gracias al valor de un tribunal externo que fue invitado a participar de un concurso en el Departamento de Historia. La denuncia del profesor Sergio Escudero, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, pone en el escenario público una penosa situación que atraviesa Humanidades. Los concursos llevados a cabo en los últimos años durante la gestión de Patricia Breppe han recibido, al menos, impugnaciones, quejas o sospechas. La arbitrariedad indicada por Escudero se une a un procedimiento ya naturalizado en tal facultad, esto es, la discrecionalidad con la que se manejan las carreras que Humanidades dicta en otras provincias. Los docentes son convocados a ocupar cargos sin previo análisis de antecedentes en un concurso público u otro tipo de regulación para designar los cargos. También, esta facultad dispone de un curioso modo de designación de los docentes en las carreras que ofrece, los cuales pueden ocupar entre tres y cuatro cátedras, pese a que los campos disciplinares sean radicalmente distintos. Este procedimiento atenta contra la formación de quienes nos educamos en dicha facultad, en tanto los docentes se ven obligados a darnos espacios disciplinares en los cuales no están formados. 

Pero, esta situación no es una patente de Humanidades, ella tiene su ramificación en toda la Universidad. La arbitrariedad con la que se decide sobre los postulantes a los concursos tiene su raíz en, fundamentalmente, reglamentaciones que no se adecuan a las transformaciones sociales que el conocimiento científico ha visto en los últimos tiempos. Por caso, uno de los problemas estructurales del actual reglamento de concursos de nuestra Universidad es la endogamia que beneficia, no sólo a nivel político, sino también las relaciones sanguíneas y laborales. Los tribunales son propuestos por los decanos que suelen tener la mayoría en los consejos directivos, quienes aprueban o desaprueban tales propuestas. Si se piensa en la hegemonía que Franja Morada ejerce en casi la mayoría de las facultades se podría entrever de qué modo los cuerpos docentes son compuestos. Simultáneamente, los concursos tienen poca participación de tribunales externos como el caso en cuestión. En su gran mayoría somos los docentes de la propia institución los que terminamos evaluando a ex ayudantes alumnos, integrantes de proyectos colectivos de investigación o de extensión. La necesidad de incorporar profesores de otras instituciones permite generar un contrapeso indispensable para garantizar un mínimo de competitividad entre los postulantes.  

A su vez, el reglamento no establece un puntaje sobre el valor académico que tiene cada trabajo y labor que se exige para los cargos. Sólo a modo de ejemplo, podemos señalar que el reglamento no permite evaluar con precisión el sistema de producción científica que debería ocupar a quienes trabajamos en la Universidad (una combinación de docencia e investigación). Las publicaciones locales, nacionales e internacionales de papers, libros y otros materiales requieren una distinción debido al esfuerzo que cada una de ellas requiere. Al mismo tiempo, la posibilidad de comunicar los resultados de las investigaciones que son financiadas por la Universidad pública en otros contextos e idiomas tampoco queda valorada en el reglamento. Tal situación desalienta de manera notable a quienes ya se encuentran en la propia universidad. De hecho, en los últimos años ha crecido el discurso en contra de la inclusión a la lógica académica, a la cual consideran opresiva y sin sentido. La ausencia de evaluaciones continúas sobre los docentes acerca de su productividad y actualización, como también las reglamentaciones de concursos, ratifican la presunción de que no vale la pena hacer tamaños esfuerzos.  Publicar, investigar, perfeccionarse, entre otras tareas, suelen verse de forma opuesta a la enseñanza. Tal percepción ha llevado a menguar el nivel académico de las cátedras, lo cual suele reflejarse en la manualización o desactualización de los programas.

            Toda esta situación se ve reflejada en el último informe de evaluación externa a la cual se sometió la UNCA. Los índices detectados por CONEAU, institución que regula y acredita la educación superior y universitaria, muestran las profundas falencias que nuestra universidad posee. El informe tiene alrededor de 60 páginas y repasa cada una de las áreas del trabajo universitario. Mencionaremos algunas de las alarmantes cifras que allí se revelan. Una de las cifras más llamativas es la concentración de profesores titulares en las cátedras, pese a que se reconoce en el informe los pocos concursos realizados (p.52).El dato sobre la cantidad de titulares contrasta con la escasa cifra de docentes con posgrado en la universidad. Buena parte de la cifra de titulares de las cátedras no posee título de doctorado, maestría o especialización (en algunos casos ni siquiera poseen licenciatura), formación académica que hoy parece ser, como mínimo, indispensable para la docencia y la investigación en este nivel educativo. De hecho, el cuestionamiento de CONEAU es la desbalanceada pirámide de trabajadores. Esto es sumamente sugestivo si tenemos en cuenta que el puesto de profesor titular es uno de los cargos menos accesibles no sólo en la historia universitaria, sino también actualmente en las universidades de nuestro país. Por su parte, los puestos de trabajo de asociados, adjuntos, jefe de trabajos prácticos y auxiliares docentes de primera son, considerablemente, menores en porción, pero, según informa CONEAU, en este último grupo se concentra el bajo porcentaje de docentes con doctorado completo.

            Otro dato preocupante es la falta de política científica que promueve la UNCA. Se desprende del mismo informe que no se dispone de revistas científicas que acrediten estar indexadas. Esto supone que no tienen ningún control de calidad externo y estándares internacionales para la divulgación del conocimiento. Tal hecho se agrava cuando se considera la ausencia de un portal de revistas científicas que debería haber estado disponible desde el año 2013 luego de la sanción de la ley 26.899 “Creación de Repositorios Digitales Institucionales de Acceso Abierto, Propios o Compartidos”. En esa dirección, este hecho se une a la falta de oportunidades que ofrece la institución para acceder a revistas internacionales. En la última capacitación dictada en la UNCA por personal de la Biblioteca Digital de Nación y CAICYT se evidenció que las licencias que el Estado nacional paga para la descarga gratuita de artículos y libros se le vencieron a nuestra universidad por el uso casi nulo de este servicio. Un hecho sugerente en esta dirección es que en varios sectores de la Universidad ni siquiera hay acceso a internet vía Wi-Fi. Esto último, evidencia la ausencia de políticas destinadas a la circulación, divulgación y acceso al conocimiento. El proyecto político de la eterna gestión de Flavio Famano ha evidenciado un destino claro sobre estos procesos como tampoco la relación que el conocimiento que se podría generar en la institución tiene con el mercado laboral. El perfil excesivamente profesionalista de nuestra Universidad ha llevado al propio rector a celebrar, en el marco de la campaña por su candidatura a Intendente, una feria de emprendedores en la propia universidad, lo cual contradice de raíz los principios universitarios.

            El lapidario informe de CONEAU sobre el estado de nuestra Universidad se une a la percepción generalizada de una sociedad que ve, en quienes trabajamos en ella, poca seriedad, falta de profesionalismo y bajo nivel académico. El vínculo entre universidad y sociedad catamarqueña resulta complicado y hasta a veces imposible. La poca participación en los escenarios públicos de profesionales formados en la UNCA se puede constatar en diversos ámbitos. Por ejemplo, ante la consulta de fenómenos públicos que necesitan una explicación científica se prefiere en medios de comunicación y opinión pública consultar a especialistas de otras provincias o, incluso, otras instituciones locales. En lo político la historia es categórica. Desde el retorno a la democracia las clases dirigentes de nuestra provincia no han estudiado aquí. Basta con repasar el historial de formación académica de los gobernadores. Tal hecho se profundiza cuando advertimos que los sectores sociales más acomodados ya sea la clase política provincial o universitaria prefieren enviar a sus hijos a estudiar en provincias vecinas como Tucumán, la Rioja o Córdoba, y no exclusivamente por la falta de oferta académica.

            En fin, esta revelación sólo dejar entrar un pequeño rayo de luz de un sol que no se puede tapar tantos años. Esa luz sobria que la denuncia del profesor Escudero ha traído exige al menos dos cosas. Primero, la democratización de la universidad, donde la participación no sea de unos pocos, sino una participación directa y radical de quienes somos sus actores. Segundo, una revisión profunda del compromiso a un proyecto académico, social y político que las clases dirigentes de la provincia tienen con la ciudadanía catamarqueña.         

 

Naím Garnica

Egresado y docente de la Universidad Nacional de Catamarca

Becario Postdoctoral de CONICET

Doctor en Ciencias Humanas

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