viernes 29 de marzo de 2024
entre 2015 y lo que va de 2018 se realizaron 23, en el marco del protocolo de interrupciÓn legal del embarazo

600 mujeres llegan en situación de aborto a la Maternidad al año

Los datos fueron dados a conocer por las profesionales integrantes del equipo de Prevención de Riesgos y Daños del nosocomio.

Por Redacción El Ancasti

Entre 2015 y lo que va de 2018 se realizaron en La Maternidad Provincial 25 de Mayo 23 abortos en el marco del protocolo Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la provincia. 

De éstos, solo 4 correspondieron a casos de violaciones y el resto, a problemas de salud de la madre (como insuficiencia renal) o algún tipo de malformación. La mayoría de estas mujeres tenían entre 17 y 28 años y correspondían a embarazos de 10 semanas.

Todos estos datos los dio a conocer el equipo de Prevención de Riesgos y Daños de la Maternidad, cuyos integrantes expusieron el trabajo que vienen realizando desde 2014. 

Sobre el mismo tema indicaron que al egreso del centro de salud, todas estas mujeres decidieron, tras tareas de consejería, adoptar el método anticonceptivo más acorde a su situación (la mayoría optó por DIU y muchas por ligadura de trompas).

El trabajo de prevención de riesgos y daños se inició en 2016. En ese año se atendió a 27 mujeres a las que se les realizó consejería; luego en 2017 fueron 49 pacientes y hasta mayo de 2018 suman 65. La edad gestacional al momento de realizar la medicación es en su mayoría menos de 10 semanas, lo que permite encontrar mayores tasas de tratamiento completo. De estas 65, solo 24 no habían sido madres con anterioridad, y las demás tenían 1 hijo, 2 o más de 3. 

En la Maternidad Provincial ingresan anualmente alrededor de 500 a 600 mujeres en situación de aborto; de ellas un 5% son ingresadas a terapia intensiva por presentar signos de infección, lo cual se puede interpretar como aquellas mujeres que presentan complicaciones por abortos provocados. 
Desde enero a junio de este año, ingresaron 8 mujeres a terapia intensiva por casos de aborto séptico.

Las profesionales explicaron que entre los métodos utilizados estaban las agujas de tejer, sondas y hasta casos donde las mujeres se insertaron una pluma. Las profesionales señalaron también que en estos casos: “Entre 2 y 5 pacientes por año decidieron continuar con el embarazo”, y que al ingresar al sistema se continúa con el acompañamiento y asesoramiento para realizar los controles. “Asistir y contener este tipo de problemática nos permite poder darles acceso también a la realización de controles ginecológicos, análisis de laboratorio, serología y sobre todo definir el método anticonceptivo que adoptará la paciente y su seguimiento, mejorando notablemente los registros de casos”, aseguraron.

El protocolo de ILE se creó en 2010 desde el Ministerio de Salud de la Nación, con una nueva edición en 2015, pero cobra importancia o visibilidad a partir del fallo de la Corte suprema de Justicia (Fallo FAL). De esta forma, en la Argentina toda mujer, niña, adolescente y, en general, toda persona con capacidad de gestar, tiene derecho a solicitar una interrupción legal del embarazo que cursa según los mismos estándares de calidad que el resto de los servicios de salud cuando: el embarazo representa un peligro para la vida de la mujer y este peligro no pueda ser evitado por otros medios; también cuando el embarazo representa un peligro para la salud de la mujer y este peligro no pueda ser evitado por otros medios; el embarazo proviene de una violación; y cuando el embarazo proviene de una violación sobre una mujer con discapacidad intelectual o mental.

Casos atendidos 

 Entre 2015 y lo que va de 2018 se realizaron en La Maternidad provincial 23 abortos.

Solo 4 correspondieron a casos de violaciones.

El resto, a problemas de salud de la madre (como insuficiencia renal) o algún tipo de malformación. 

La mayoría de estas mujeres tenían entre 17 y 28 años y correspondían a embarazos de 10 semanas. 

Ingresan anualmente alrededor de 500 a 600 mujeres en situación de aborto; de ellas un 5% son ingresadas a terapia intensiva por presentar signos de infección.

"No estamos influenciadas por aspectos morales"

El equipo de Prevención de Riesgos y Daños de la Maternidad, integrado por Marina Villagra y Alejandra Rossaroli, acompañadas por Vilma Vergara, Yanina Ávila y Roxana Macedo, fueron las encargadas de explicar los datos que llevan registrados a partir del Protocolo Nacional de ILE (Interrupción Legal del Embarazo) que se lleva a cabo desde 2014 en el nosocomio, en su inicio con un protocolo propio y luego en adhesión al protocolo del Ministerio de Salud de la Nación.

Las profesionales resaltaron: “Somos un equipo de profesionales que se formó ante la demanda de mujeres con la problemática de un embarazo no planificado, a las cuales buscamos dar contención y apoyo desde la institución bajo un protocolo multidisciplinario, que a su vez permite el control y seguimiento de las mismas. 

No estamos influenciadas por aspectos morales, religiosos, ni por creencias personales, sino que está basado en la realidad concreta de que existe una demanda que vemos a diario de un grupo de mujeres a las cuales el Estado no debe seguir dejando abandonadas y en la clandestinidad de un mercado que gira alrededor.

Mantener la ilegalidad del aborto perpetúa la criminalización, la diferencia de clases y el riesgo de morbimortalidad, muchas veces en condiciones deplorables. Basados en los resultados expuestos es que solicitamos y esperamos que ejercer estos protocolos sean en un futuro reglamentados bajo el marco legal que corresponde para garantizar salud sexual a las mujeres, como así también un marco de tranquilidad para el equipo profesional que debe trabajar bajo la mejor evidencia científica y protocolos definidos”.

Sobre el tema indicaron que “así y también como respuesta a la problemática del aborto inseguro, desarrollamos un programa de reducción de riesgo y daño (Atención de mujeres en situación de embarazo no deseado), cuyo objetivo es dar principalmente una respuesta solidaria y oportuna ante esta situación”, explicaron.

Los objetivos de este modelo, según mostraron, son: Disminuir la morbimortalidad materna de la mujer gestante por los abortos provocados. Disminuir los abortos provocados en condiciones de riesgo. Y disminuir la posibilidad de que las mujeres tengan que recurrir a abortos provocados, posicionando el aborto provocado como un problema sanitario y social complejo que requiere un abordaje integral e integrado por parte de la sociedad.

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