En medio de la polémica generada ante la resistencia que tienen algunos municipios para quitar los dispositivos en las rutas nacionales, argumentando seguridad vial, como lo hizo el intendente de Capayán, Alfredo Hoffman, a una intimación del distrito local de la Dirección Nacional de Vialidad Nacional (DNV), la responsable de Gestión en Educación Vial de Vialidad Provincial, Cristina Véliz, lamentó que las comunas infrinjan sin control las leyes y sean meras recaudadoras en sus jurisdicciones. De igual modo, dijo anhelar un trabajo en conjunto y la unificación en materia vial para disminuir las cifras alarmantes en accidentes de tránsito.
Véliz explicó a El Ancasti que existen municipios que no participan ni siquiera en charlas de seguridad de vial, a tal punto que no tienen conformada el área de tránsito, como tampoco capacitan a su personal, y menos a los vecinos que solicitan los carnés de conducir, pero que muchos encuentran la manera de recaudar para incrementar las arcas de sus municipios.
Para Véliz, en el interior no se adhieren a las normas de tránsito, ni las aplican aduciendo que carecen de recursos, pero con lo que recaudan sin aval del órgano máximo, como es Vialidad Nacional, tampoco se conoce en qué se destina el dinero.
“Si tuviéramos una delegación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial seguramente junto con Vialidad harían convenios, se podría tener un solo concepto en cuando a si está bien o no que las comunas dispongan colocar cámaras, radares o lo que fuere en las rutas nacionales. Los municipios pueden solicitar este servicio pero deben tener la autorización de Vialidad Nacional, porque son ellos quienes deben poner las señalética en la ruta para que los conductores estén advertidos que hay elementos sobre la ruta, pero aquí hay otro objetivo y tiene que ver con recaudar dinero y no salvar vidas. La vía de mayor jerarquía es Vialidad, pero las comunas distorsionan todo”, opinó.
Agregó que por sus conocimientos, muchos conductores multados hicieron juicios a diversas comunas a nivel nacional y ganaron con los años, porque al no tener aval de Vialidad Nacional es ilegal el cobro de supuestas infracciones.
“La gente que ganó los juicios cobró y se perjudicó el intendente de turno, porque el anterior ya no estaba pero es un gran daño el que hacen y ante la falta de lineamientos claros en la Provincia, está pasando también aquí,” consideró.
Para la ingeniera Véliz, conocedora de la materia por su larga trayectoria, en la Provincia no se está trabajando de manera fluida y tampoco con un órgano madre que coordine y se cumplan las acciones para disminuir las cifras alarmantes en accidentes viales como lo hicieron provincias vecinas.
“Lamentablemente en la Provincia estamos muy mal, no contamos con delegación de Agencia de Seguridad Vial y tenemos dos organismos, como son el Consejo y la Dirección de Seguridad, donde no se trabaja de manera fluida, menos con las comunas. Desde el vamos estamos sin dirección, no se está llegando a la gente, tampoco al interior; no se respetan las leyes y no hay convenios, por ejemplo, con Gendarmería para que controle a las conductores que circulan tras haber consumido drogas. Algo está fallando y es por no haber declarado ya a la seguridad vial como una política de Estado", concluyó.
