Tras la confirmación del aumento en el precio del boleto del Transporte, que se hizo a fines de octubre y el anuncio de que posiblemente durante este mes se lo implementaría, el ciudadano Luis Alberto Rodríguez anticipó que presentará un recurso de amparo en la Corte de Justicia, en contra del Gobierno provincial, para frenar el incremento y solicitar que sea consensuado con los usuarios mediante audiencia pública, entre otros pedidos.
El propio director de Transporte, Guillermo Matterson, había señalado que la suba sería del 20%, con lo que el boleto mínimo pasaría de costar $8 a $9,60. Antes que se confirme el anuncio, Rodríguez junto a una multisectorial “Contra el aumento del boleto y por la ley del boleto estudiantil gratuito”, prepararon un recurso que será presentado hoy ante la Corte. “Nos oponemos al aumento porque no se realizó una audiencia pública en la que los usuarios tendríamos la posibilidad de expresarnos sobre las condiciones en las que viajamos, las frecuencias y también podríamos pedir tener acceso a la información pública sobre los niveles de ganancia de las empresas y la real y verdadera estructura de costo del transporte de pasajeros”, indicó.
Anunció que ampliarán el reclamo realizando una recolección de firmas bajo el lema “No al aumento sin audiencia pública” y con un pedido hacia el ministerio de Servicios Públicos por la información pública respecto a las concesiones de servicios, corredores, frecuencias, ganancias de las empresas y de cómo tributan el canon y demás impuestos.
La presentación va en contra del Gobierno Provincial, ya que entienden que viola el artículo 178 de la Constitución Provincial, que señala que “cuando los servicios públicos provinciales fueran prestados por medio de concesiones, el contrato respectivo deberá contener bajo pena de nulidad absoluta, sendas cláusulas sobre la forma cómo se establecerán las tarifas; la participación de los usuarios en su fijación; la obligación de incorporar los progresos técnicos a la explotación de servicio a medida que se produzcan; el control permanente de la autoridad y de los usuarios sobre la forma cómo se presta el servicio (…)”.
Por último, señalan que este nuevo aumento implicaría un fuerte golpe al bolsillo de los catamarqueños, además advierten que se debería esperar a que se concreten las negociaciones paritarias del próximo año para recién definir el monto de incremento. Solicitarán a la Corte que actúe con la premura que merece el caso por la “situación de desamparo y afectación de derechos de la totalidad de los ciudadanos usuarios del servicio urbano e interurbano de transporte público de pasajeros de la Provincia”. Aseguran que "no se puede aceptar, que intenten justificar los aumentos bajo la eterna promesa de mejorar el servicio, algo que se viene repitiendo desde hace años y nunca se cumple",
