Un grupo de vecinos del asentamiento Magisterio, ubicado en la zona norte de la Capital, ayer se manifestaron frente a la sede del Ejecutivo municipal y el Concejo Deliberante, ante el temor de un posible desalojo que podría decidir la justicia. De momento, los ediles se comprometieron a asignar abogados para las familias notificadas y dar celeridad a la expropiación, impulsada por el jefe comunal Raúl Jalil.
Gabriela y Giovana, las representantes de los ocupas, fueron recibidas por los concejales. Pasada la reunión, informaron que en 20 días tendrían una respuesta. Los ediles dieron su palabra de poner a disposición de las tres familias ya notificadas de dejar las tierras usurpadas, un interdicto (procedimiento judicial). Se les adelantó que de no haber una respuesta favorable, estos grupos familiares serán reubicados. A la vez, indicó que al existir viviendas edificadas, esta medida podría reverse.
Entre tanto, otras 120 familias están a la espera de un desalojo, en los próximos días. En total, en este asentamiento, desde hace más de cinco años viven unas 400 familias.
Los vecinos recordaron que antes de usurpar los terrenos "todo era monte. Por eso se usurpó”. Según contaron, "los verdaderos dueños nunca pagaron impuestos en 20 años. Ahora que hay viviendas, reclaman”, expresaron.
En el grupo de manifestantes que ayer estuvo frente al Concejo Deliberante la mayoría eran mujeres. "Las mujeres representan al barrio. Casi todas somos madres solteras”, enfatizaron.
Además recordaron que el intendente capitalino Raúl Jalil firmó la expropiación de las tierras aproximadamente en octubre del año pasado. Luego fue girado al Concejo Deliberante. Sin embargo, los mismos vecinos advirtieron que desde finales del año pasado a la fecha los ediles no abordaron este tema, pese a que existía el compromiso de ser tratado de urgencia.
Necesidad
El asentamiento Magisterio surgió hace más de cinco años, como una manifestación de la emergencia habitacional. De a poco, familias fueron tomando este predio del norte urbano y hoy residen allí alrededor de 400. El objetivo de estos vecinos es lograr la mejora habitacional, y aunque pidieron ayuda al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) aseguran que no tienen respuesta. Por eso exigen al Concejo Deliberante que aborde de una vez la expropiación de estos terrenos, que ya fue firmada por el jefe comunal en octubre del año pasado.
El Barrio La Esperanza, lindero a este asentamiento, también comenzó de manera precaria. La expropiación de terrenos y un plan de urbanización lo transformaron en un barrio.
