Un estudio publicado por el Centro de Estudios de Educación (CEA), de la Universidad de Belgrano de la ciudad de Buenos Aires, sobre la deserción en las escuelas estatales a nivel nacional, sostiene que de cada 100 ingresantes en las estatales se gradúa la mitad, comparado con las privadas.
La investigación señala que existe una desigualdad que es característica esencial del sistema escolar secundario, que "se comprueba cuando se comparan los niveles anuales de graduación secundaria, con los alumnos que ingresan al primer año en ese ciclo. Mientras en las escuelas privadas esta relación se ubica en un 58,5%, en las escuelas estatales apenas llega a un 30,6 por ciento. Es decir, la graduación privada es casi el doble que la graduación estatal".
En 2006, se dictó la ley 26.206, que en su artículo 16 establece la obligatoriedad escolar entre los cinco años y el fin del ciclo secundario, es decir, lleva a 13 años el período de obligatoriedad escolar. La antigua ley 1.420, dictada en 1884, había establecido la obligatoriedad únicamente para la enseñanza primaria. Esta nueva disposición legal marcó un significativo avance, ya que la extensión de la escolaridad obligatoria es claramente un paso positivo hacia el fortalecimiento del proceso educativo y la promoción de la igualdad de oportunidades sin distinción de niveles socioeconómicos familiares”, expresa el informe.
En Catamarca los porcentajes se revierten: es mucho menor la cantidad de egresados en el sector privado (21,96%) que en el estatal (78,04%), sin embargo en el primer año del secundario se registra en las escuelas estatales un importante número de inscriptos, pero solo llegan al sexto año menos de la mitad de los que ingresaron.
A modo de ejemplo se indica que de 7.152 alumnos que ingresan a primer año, llegan al último año 3.142. En esta provincia, en reiteradas oportunidades especialistas en materia educativa destacaron el problema de la deserción escolar, y lo relacionaron con la repitencia, la situación social y el problema de las adicciones.
El informe sostiene que desde la ley 26.206, promulgada el 27 de diciembre de 2006, si bien existe preocupación en las autoridades educativas por cumplir con esta norma, "es hora de reconocer que no se llegó a la meta, y concretar nuevas acciones efectivas para avanzar hacia la universalización de la escuela secundaria, más allá de las diferencias entre los niveles socioeconómicos de las familias y los alumnos”.
