El pasado 30 de enero entró en vigencia, a través del decreto 1838, la Ley 5402 Antibullying, que propicia "la regulación de la exclusión del maltrato y promoción de la cultura de la paz en la comunidad educativa y prevención y erradicación de bullying o acoso escolar entre pares”. Sin embargo, en los últimos días un nuevo caso de violencia en el ámbito escolar puso en evidencia una serie de cuestiones atinentes a la norma y a la posibilidad de utilizarla para canalizar hechos de violencia.
Recientemente, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología intervino en esta situación, a fin de reglamentar la ley.
Consultada por El Ancasti, María del Rosario Navarro González indicó que esta reciente ley es muy amplia en su composición y sus objetivos, que no solo tienen que ver con el maltrato sino también con prevenir e identificar. Por ello, se autorizó al Poder Ejecutivo, dentro del mismo texto legal, la reglamentación.
"A partir de ese momento comienzan a funcionar los órganos que determina la Ley. Vamos a ir por pasos. En primer lugar corresponde que haya una reglamentación de la norma. Ya está peticionado e instado desde la Dirección de Asuntos Jurídicos, por medio de actuaciones específicas que actualmente están en manos del ministro (José Ariza). Esta Dirección ya tomó intervención en este asunto, a los fines de viabilizar la norma”, precisó.
Como esta Ley es objetiva, advirtió, va a necesitar hacerse efectiva a través de procedimientos.
"La reglamentación está en camino de concretarse. La norma exige la participación de muchos protagonistas sociales, educativos y legales. Esos protagonistas llegarán a conformar un Observatorio (de Violencia Escolar). Si nos ajustamos a los objetivos, sin duda se va a crear un órgano interdisciplinario que también tiene facultad para la aplicación de sanciones y criterio de reeducación. Indudablemente implica un trabajo coordinado, en el que todas las áreas del Estado van a participar. La Ley apunta a un conjunto multidisciplinario. El Observatorio de Violencia Escolar habla de una competencia de identificación, relevamiento, exclusión de la violencia y promoción de la cultura de la paz. El Ministerio de Educación sí o sí deberá tener la correlativa tarea con órganos de otros ministerios”, remarcó.
En este sentido, advirtió que tanto el niño violentado como el niño que genera violencia están dentro del mismo contexto educativo, por lo que estimó que la reglamentación es el camino imprescindible para poder echar andar la norma.
"Ya se está trabajando en ese tema. Esto no es una cuestión que pasa solo por el Ministerio de Educación, a pesar de que es el ministerio rector. Se trata de un trabajo que va a involucrar a varias comunidades. La norma establece que el Ministerio de Educación será autoridad de aplicación, lo que no implica que excluya a los demás ministerios. Es decir, va a requerir el auxilio de las demás áreas. La cartera educativa va a ser la coordinadora porque los protagonistas están insertos en su contexto”, explicó.
Por último, Navarro González comentó que la Ley Antibullying tiene previsiones sobre los derechos del receptor y del generador de la problemática de violencia. La directora indicó que en este aspecto se necesita asesoramiento médico, psicológico y psicopedagógico pero también prevé la celeridad en la procuración y administración de justicia.
"Es decir que puedan tener una representación jurídica gratuita, un protagonismo en la actuación y un acceso libre, dirigido por los abogados. Muchos padres están como huérfanos de esta apoyatura que significa conocer los derechos y las obligaciones. Ellos hacen el planteo pero no saben cómo van a seguir ni cómo tienen que proceder ni cuáles son las etapas procedimentales”, señaló.
