escandalosa derivación de la investigación de las órdenes "truchas"
Falsificaron identidades de una indigente y un discapacitado
Se trata de Mirian Argañaraz, que vive en un barrio muy pobre de La Banda, y de Oscar Argentino Tapia, que tiene Síndrome de Down. Ambos "facturaban" como médicos.
Las identidades de Mirian Isabel Argañaraz, una mujer oriunda de La Banda que había figurado como "médica" en la facturación de órdenes "truchas" a la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), y de Oscar Argentino Tapia, que tiene domicilio en la ciudad de Río Hondo también en la vecina provincia, fueron confirmadas por una comisión de efectivos de la Policía de la provincia que viajó para cumplir con la orden de detención de ambos, solicitada por los fiscales de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales y contra la Administración Pública.
Pero lo que confirmaron los uniformados no hace más que agregar escándalo a la ya escabrosa investigación por el fraude.
Desde el momento en el que se descubrió que Tapia y Argañaraz no eran médicos (porque nunca se recibieron), se especuló con la posibilidad de que sus nombres y demás datos no pertenecieran a personas "reales". Sin embargo, cuando la comisión de policías llegó hasta los domicilios que figuraban en sus documentos, se dieron con una desagradable sorpresa.
Mirian Isabel Argañaraz es madre de 5 hijos, vive en un barrio muy pobre ubicado en las afueras de la ciudad de La Banda y nunca estudió Medicina, ni tampoco tenía medios ni posibilidades de fraguar un título para facturarle órdenes de consulta médica a la OSEP. Y el caso de Oscar Argentino Tapia es aún más deleznable: luego de que los uniformados golpearon la puerta, atendió la madre del joven (tendría poco más de 30 años), quien les informó que tiene Síndrome de Down y que jamás estudió en la Universidad Nacional de Córdoba, como acreditaba su título "trucho" de médico recibido.
El procedimiento de identificación de estas personas se completó durante la jornada del martes en Santiago del Estero, y luego se informó todo a los fiscales Miguel Mauvecín y Marcelo Sago.
Como se trata de un delito de competencia federal, todo se giró a los estrados del Juzgado Federal, para que luego desde allí se decida si se envían a la Fiscalía, a cargo de Santos Reynoso, para que se investigue.
Ahora se definirán los pasos de la investigación en virtud de que se completó la ronda de las indagatorias a los primeros imputados, 14 originalmente, de los cuales 11 son efectivamente médicos.
