El fiscal Correccional Sebastián Lípari tomó declaración indagatoria ayer a un grupo de personas que usurparon viviendas en construcción que estaban a medio terminar en un predio ubicado en el norte de la Capital, cerca del barrio Los Ceibos.
Así fue confirmado ayer tanto por fuentes ligadas a la investigación como por los propios imputados por el delito, que en un grupo cercano a las 18 personas se presentaron ayer en el edificio de las fiscalías Penales de calle Junín, acompañados por el abogado Pablo Vega, que los asistió legalmente.
La gente señaló que su presentación se produjo de manera espontánea, aunque reconocieron que lo hicieron luego de que se enteraran de que, una semana antes, habían arrestado a tres personas que también usurpaban viviendas en el predio tomado, para presentarse a declarar ante el fiscal.
Esta información fue corroborada posteriormente, y se precisó que la investigación del hecho permitió, en primer lugar, identificar a casi todas las personas que tomaron posesión ilegalmente de las viviendas, y así, hace dos semanas se decidió imputarlos por el delito de usurpación, con lo que luego era posible citarlos para tomarles declaración indagatoria.
Ante la resistencia de las personas a presentarse ante el fiscal, se tomó la determinación de hacerlos comparecer por la fuerza, y luego de tomarles la indagatoria fueron liberados.
La gente que se presentó ayer en forma espontánea, sin embargo, no completa el total de las viviendas que fueron usurpadas, por lo que se anticipó que podría haber, en el transcurso de la semana, nuevas indagatorias en el mismo marco.
En diálogo con este diario, las familias que tomaron las casas señalaron que las viviendas "estaban abandonadas desde hacía más de 8 meses" al momento en el que las tomaron, en noviembre del año pasado.
"El lugar no tenía alambrado, ni puertas, ni ventanas, nosotros no rompimos nada para pasar a las viviendas, si ni siquiera tenían sereno", puntualizaron.
En total, los usurpadores estimaron que en cada vivienda hay por lo menos 5 personas, por lo que son alrededor de 150 los que vivirían en el barrio aún sin terminar.
AVANCE
La decisión del fiscal Lípari constituye un avance en las causas iniciadas por usurpación. Ocurre que la primera medida judicial, la identificación de las personas que usurpan, es una de las más difíciles de completar en estos casos.
Los servicios, una necesidad urgente
Pese al proceso judicial que ahora enfrentan las familias que usurparon las viviendas, su preocupación permanece centrada en cómo van a pasar el resto de los días que seguirán dentro de las viviendas. Todos señalaron que al margen de la imputación y la indagatoria, necesitan de parte del Estado la provisión de los servicios esenciales, en particular, el agua potable.
Señalaron que dependen de la buena voluntad de los vecinos de los barrios cercanos para poder contar con algo de agua potable para poder tomar, cocinar y asearse.
Lo mismo ocurre con la energía eléctrica, que por supuesto, toman clandestinamente de un poste cercano y desde allí, tendieron una red ilegal hasta donde están las viviendas.
"Nosotros lo que queremos es que nos den las casas, si estaban abandonadas, nadie las quería ni las terminaban. No pedimos dádivas, no vamos a cortar la calle, no protestamos ni nada. Queremos que nos dejen pagar por estas viviendas", señalaron en diálogo con este diario.
