Desde el ministerio de Economía ya tomaron la decisión de suspender la actual Ley de Alquileres, que está vigente desde junio de 2020. El tema fue conversado esta semana entre el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Sergio Massa, quien analiza las alternativas posibles para poner un punto final a la ley que regula el mercado desde hace casi tres años, a pesar de numerosos intentos de modificaciones a través del Congreso.
La Ley de Alquileres fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, pero terminó siendo sancionada por el Senado en junio de 2020, durante la gestión de Alberto Fernández. Introdujo al mercado dos cambios clave: extender la duración de los contratos de dos a tres años y convalidar una sola actualización anual del valor mensual del alquiler de acuerdo a un índice que combina la evolución de los salarios y la inflación.
La aplicación del índice de actualización de los valores anualmente provoca que los inquilinos deban afrontar aumentos que por estos días se acercan al 100% de un mes a otro, rompiendo cualquier presupuesto. Además, los propietarios que recuperan su inmueble y deciden ponerlo nuevamente en alquiler piden un monto mensual muy elevado para cubrirse de la evolución de la inflación.
Ante la incertidumbre de los propietarios, uno de los primeros efectos no deseados de la ley fue una suba por encima de la inflación para los nuevos contratos. Apenas unos meses después, el mercado inmobiliario ofrecía menos propiedades en alquiler y a precios más altos. Esto hizo que diversos sectores comenzaran a plantear cambios y el tema fue uno de los lemas de de campaña de la oposición en las elecciones legislativas.
Desde la entrada en vigencia de la Ley de Alquileres, ya se presentaron unos 30 proyectos legislativos en el Congreso para modificarla o derogarla. Ninguno logró avanzar. En mayo 2022 se firmaron tres dictámenes: uno de mayoría en representación del Frente de Todos y dos de minoría, de Juntos por el Cambio. La propuesta que el año pasado tuvo el dictamen de mayoría no altera el plazo mínimo de tres años ni el ajuste anual, los puntos más polémicos.
Esos puntos -el plazo y los índices de actualización- eran precisamente los temas centrales a modificar con opciones como volver al plazo de dos años de contrato y ajustes semestrales acordados por las partes según diferentes índices.