Les mermaron los sueldos en alrededor de 600 pesos. A pesar de eso, no resintieron el servicio. La medida es por aplicación del mismo decreto que otorgó aumentos a los funcionarios.
Un nuevo inconveniente se suma a la cartera del ministro Eduardo Galera, debido al estado de enojo que reina entre los abogados que cumplen diversas funciones, dependientes de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Legislación, a partir de que se les dejara de pagar dos adicionales que, juntos, suman alrededor de 600 pesos.
El equipo legal del Ministerio de Educación está integrado por diecisiete abogados -muchos de ellos en calidad de contratados, quienes temen especialmente por su situación laboral-, y a todos la baja salarial, a partir del mes en curso, los afectó seriamente.
A pesar de todo, en Asuntos Jurídicos se informó que las tareas se están cumpliendo con normalidad, y que no se están registrando demoras en los dictámenes ni en la tramitación de expedientes.
No todos los profesionales cumplen tareas en ese organismo, cuya sede se encuentra en la calle República al 700, sino que varios de ellos están adscriptos a otras áreas del ministerio, como las direcciones de cada uno de los niveles educativos.
El origen de la medida
Según se pudo saber, la disminución de los ingresos fue aplicada por la Dirección de Personal de Educación, en base a instrucciones emanadas de la Dirección de Recursos Humanos, que depende de la cartera de Economía; es decir que la medida provino de fuera de Educación.
Los letrados venían percibiendo dos adicionales que fueron absorbidos con la aplicación del Decreto 937/06, que es el mismo por el que se dispuso un aumento salarial para los funcionarios del Poder Ejecutivo.
Esos adicionales son por “servicios específicos profesionales” -establecido por un decreto del 2004 y equivalente a 200 pesos- y por “servicios educativos, culturales, científicos y tecnológicos”.
El último es remunerativo según categorías del escalafón general del ministerio, y proveniente del decreto del 27 de diciembre de 2005 que aplicó una mejora salarial a todo el personal de Educación, excepto los docentes.
Para los abogados, éste último adicional era de 380 pesos.
La sumatoria de ambos adicionales de los que se ven privados ahora daba un monto de 580 pesos que se incorporaba mes a mes a sus bolsillos. Eso en la mayoría de los casos, ya que en otros superaba los 600 pesos.
Según cifras oficiales, el sueldo promedio de un abogado del Ministerio de Educación venía siendo de 1.800 pesos que, con esta reducción, se transformaron en 1.200 pesos, lo que los afectados consideran insuficiente en relación con su responsabilidad de emitir opinión y rubricar dictámenes legales.
