El parte de prensa difundido por el Ministerio Público Fiscal sobre la investigación del asesinato del ministro de Desarrollo Social persigue el mismo objetivo que el que emitió en diciembre del año pasado, cuando se cumplió un año del crimen: intentar convencer a la opinión pública de que el pertinaz misterio que envuelve al caso no obedece a fallas del sistema judicial.
Es una meta difícil de alcanzar si se tiene en cuenta que nadie ha sido siquiera reconvenido por el accidentado inicio del expediente, que estuvo plagado de indicios de incompetencia, negligencia y desidia.
El fiscal Laureano Palacios fue ratificado en su puesto por un polémico fallo dividido del Jury y ninguno de los peritos, policías o agentes judiciales que participaron de esa primera etapa fue, salvo algún discreto traslado que no se vinculó con los procedimientos, blanco de escrutinio.
La sorpresiva absolución de Palacios desencadenó un escándalo en junio del año pasado. El fiscal fue salvado por la política, en contra del criterio de la corporación judicial.
El fiscal del Jury, Miguel Mauvecín, formuló la acusación por mal desempeño del cargo y la ministra de la Corte, Fernanda Rosales Andreotti, votó por la destitución junto con la exdiputada opositora Juana Fernández. La mayoría que determinó la absolución fue conformada por la exdiputada oficialista Cecilia Guerrero, el exsenador oficialista Oscar Vera y los representantes del Colegio de Abogados Silvia Cabrera y Pablo Nicolini.
En la acusación, Mauvecín desplegó su argumento alrededor de un concepto político medular. Señaló que, independientemente del desarrollo posterior de la causa, Palacios había erosionado la credibilidad del Poder Judicial con su por lo menos equívoca conducta, al haber entregado el cuerpo de Rojas a los deudos tras la autopsia sin tener certeza sobre la causa de la muerte y no haberlo recuperado de inmediato, en cuanto surgieron dudas al respecto, el mismo día del hallazgo.
Para Mauvecín, lo que se dirimía en el Jury tenía que ver con el prestigio del Poder Judicial, afectado por la conducta de Palacios. Rosales Andreotti y Fernández se pronunciaron en la misma línea. Guerrero y Vera en contra, con dos abogados cuya designación para integrar el tribunal del Jury se había producido por sorteo, conforme se apresuró a aclarar el Colegio profesional para no contaminarse con el episodio. Guerrero y Vera, además, aseguraron que habían tomado su decisión por motivos personales de conciencia, sin tener en cuenta la opinión de los cuerpos parlamentarios que representaban.
El componente político del Jury bloqueó la exclusión de Palacios en contra del componente judicial que la consideraba conveniente para salvaguardar a la Justicia, con el detalle para nada menor de que los representantes del componente político admitieron haberse movido por razones particulares, al margen del posicionamiento de los sectores e instituciones que representaban, que son colectivos.
En otros términos, el componente político del Jury, con tan singulares características, le impidió a la corporación judicial descargar sobre Palacios las responsabilidades por los vicios de origen de la causa y su incidencia sobre la resolución del crimen.
¿Quién?
Conviene no omitir este elemento: cuatro individualidades determinaron que el desempeño de Palacios fue correcto, en el peor de los casos inocuo en el trámite de la pesquisa.
¿Quién o quienes tienen la culpa entonces de que a más de un año y medio del homicidio no haya pistas e hipótesis firmes sobre sus autores, eventuales instigadores y móviles?
La política designó a Palacios con la anuencia del Poder Judicial y sus satélites, que nunca objetaron la falta de antecedentes del postulante. Palacios falló en el debut y la política lo salvó de la exoneración en una maniobra que no carece de justicia poética: Guerrero, Vera y los dos abogados, por las razones que sean, obligaron al Poder Judicial a hacerse cargo del consentimiento prestado durante años al manoseo político.
La absolución de Palacios y la renuncia a profundizar las indagaciones sobre el desempeño del resto de los involucrados en el principio de la investigación desató un juego del Gran Bonete.
¿Yo, señor? No, señor…
Y entonces, ¿quién?
Qué vachaché…
El bonete está en manos del Ministerio Público Fiscal, en la persona del fiscal Hugo Costilla.
El primer comunicado oficial de la Fiscalía sobre el Caso Rojas salió al año del crimen, el 1º de diciembre del año pasado, con un minucioso detalle de todas las medidas dispuestas hasta ese momento, que incluían el análisis de expedientes y trámites del Ministerio de Desarrollo Social que Rojas comandaba y de la gestión del sindicato de Gastronómicos, que también encabezaba, los testimonios de autoridades y funcionarios provinciales y un informe del Cuerpo Médico Forense de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El memorial de 10 páginas se sintetizaba en que nada de lo que estaba al alcance del Ministerio Público había dejado de hacerse en el empeño por esclarecer el homicidio. Las vías se agotan, no hay resultados, qué vachaché.
La última gacetilla dice básicamente lo mismo, aunque con una novedad de peso: la muestra genética femenina recogida en la escena del crimen no pertenece a la única imputada de la causa, Silvina Nieva, quien estuvo una semana detenida por orden de Palacios y aún carga con la acusación de “homicidio doblemente calificado por mediar relación de pareja y alevosía”.
El único resultado que el fiscal Hugo Costilla está en condiciones de informar es que una pericia desincrimina a la única encartada, que no continuó presa por el juez de Garantías Lucas Vaccaroni ordenó liberarla debido a defectos formales de la orden de detención formulada por Palacios. Al menos para Silvina Nieva, la esterilidad de la instrucción no es tan completa.
Las expectativas de Costilla, que parece haber acercado posiciones con los hijos de Rojas, se cifran ahora en los resultados de otros 15 cotejos de la muestra de ADN, el análisis de una computadora que perteneció al malogrado ministro y un informe de Google que se tramita por vía diplomática en los Estados Unidos.
Capaz que alumbra algo, pero mientras tanto no hay novedades ni gacetillas sobre la causa por supuesto encubrimiento abierta a instancias de los Rojas, tendiente a verificar si existieron maniobras deliberadas para entorpecer la investigación o, como mínimo, mala praxis.
El margen para seguir jugando al Gran Bonete se estrecha.
