Un tribunal de San Martín le denegó las visitas domiciliarias a un preso que en 2020 fue condenado junto un cómplice por secuestrar a un joven y a su pareja embarazada de 8 meses, a quien amenazaron con dispararle "un tiro en la panza". El hombre había solicitado ese beneficio para acompañar a su mujer que transita un embarazo de riesgo.
De acuerdo con el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) 3 de San Martín, al que accedió Télam, no se trata de un caso de "gravedad extrema y urgencia" que amerite que el preso César Luis Sosa deje su celda del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza para visitar a su esposa. Sosa, al igual que Roberto Oscar Benegas, fue condenado en junio de 2020 por el TOCF 3 de San Martín a la pena de 11 años de prisión por el delito de "secuestro extorsivo agravado por haberse logrado el cobro del pago del rescate, por tratarse una de las víctimas de una mujer embarazada y por haberse cometido con la participación de tres o más personas".
El hecho fue cometido el 25 de mayo de 2017, cuando Sosa y Benegas, con la intervención de al menos un tercer cómplice, privaron de la libertad a una pareja en la localidad de Ituzaingó, en la zona oeste del conurbano. Durante el tiempo que duró el secuestro, los captores llamaron a un familiar de las víctimas para exigirles el pago de un rescate de 150 mil pesos o, de lo contrario, "le pegarían un tiro en la panza" a la mujer, quien cursaba el octavo mes de embarazo. En el juicio, la mujer declaró que como consecuencia de este hecho "estuvo aproximadamente quince días con contracciones y que su bebé nació tres semanas antes de lo que estaba previsto".
Ahora, a seis años de ese hecho, Sosa tiene a su pareja embarazada y solicitó a través de su defensor oficial obtener el beneficio de visitas domiciliarias para acompañarla, ya que la mujer atraviesa un embarazo de "alto riesgo" y que "tal circunstancia le impide trasladarse hasta la unidad penitenciaria donde se aloja su concubino con el fin de visitarlo", indica el fallo dictado el 9 de junio último.
El defensor de Sosa acompañó el pedido con un certificado médico de la mujer, en el que se le indica reposo domiciliario, y un informe favorable del Servicio Penitenciario Federal.