Una serie de gravísimos hechos de violencia perpetrados en Catamarca por un hombre contra sus tres hijas –según constan en las denuncias presentadas en sede judicial- obligan a reflexionar acerca de la situación de indefensión en la que se encuentran las víctimas de este tipo de agresiones. Las presentaciones judiciales, que se suceden desde 2014, denuncian violencia física, verbal, psicológica y económica. En el último episodio de esta sucesión de hechos, cuyos detalles se revelan en una publicación del sábado de El Ancasti en su versión digital, el hombre amenazó de muerte a una de sus hijas. Blandía un arma de fuego en el momento de la amenaza, como para que no queden dudas de que no se trataba de una vana advertencia.
Hace nueve años que las tres mujeres, acompañadas por su madre, peregrinan por los despachos policiales y judiciales procurando encontrar la protección institucional que necesitan y de la que deberían gozar porque les corresponde por derecho. Pero pese a las denuncias y la presentación de numerosas pruebas, se sienten indefensas y abandonadas por el Estado: de acuerdo con las presentaciones judiciales, el agresor continúa actuando con impunidad.
Aunque sea difícil encontrar ejemplos de extrema gravedad como el narrado, no es una situación aislada. Son numerosas las víctimas de violencia que se sienten indefensas, pese al crecimiento en lo que va del siglo de la normativa que formaliza legalmente los derechos de las mujeres y su protección por parte de la instituciones, y pese también a la multiplicación de organismos gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil que tienen como misión el resguardo de esos derechos. Ha habido muchos avances, pero está a la vista que no es suficiente si las instituciones no son eficientes en el cumplimiento de los objetivos para las que fueron creadas.
La peor actitud en este tipo de casos es subestimar las amenazas. Algunos conflictos terminan de la peor manera. Se recordará, por ejemplo, el caso de una mujer de la localidad tucumana de Trancas que fue a la comisaría del lugar a denunciar violencia y amenazas por parte de su expareja. Los policías a cargo no le quisieron tomar la denuncia. Desesperada e impotente, regresó a su domicilio y se suicidó. En otros episodios similares, el agresor cometió femicidio. Y aunque las denuncias se tomen, no siempre la investigación –policial y judicial- que debería desencadenar se realiza, o se realiza con la premura y el profesionalismo que el peligro potencial aconseja.
Las órdenes de restricción de acercamiento o de contacto se han revelado como mecanismos insuficientes. Son violentadas permanentemente sin que, muchas veces, se castigue tal infracción.
Las normas y las estructuras para la protección de los derechos y la integridad física y emocional de las mujeres están creadas. A las normas hay que hacerlas cumplir estrictamente. A las estructuras hay que hacerlas funcionar con eficiencia. Si no se hacen las correcciones necesarias, la violencia contra las mujeres seguirá creciendo incontenible.
