Cierta preocupación existe en el ámbito educativo por la decisión del Ministerio de Educación y del Ministerio de Trabajo de ordenar el gasto en Educación y en Salud, áreas que siempre tienen garantizado el financiamiento porque tutelan derechos fundamentales. No es la primera vez que el Gobierno anuncia este tipo de medidas, pero esta vez el contexto es otro, lo que genera un clima de preocupación e inestabilidad en el ejercicio de la tarea educativa. Todo indica que el ajuste que el Gobierno nacional inició este año se profundizará en 2025.
Una nota que circuló en la escuela EPET N° 7 deja en evidencia cuáles son esas transgresiones a las normas vigentes que se prorrogaron durante años por la complicidad de un sistema que permitió y legitimó actos que el sistema educativo no percibía como corruptos. Es por eso que ahora se ordena unificar cursos que tienen menos de 21 alumnos y obviamente cerrar aquellos que no tienen alumnos. Se trata de situaciones que no podrían haber ocurrido, según el mismo Estatuto Docente, pero su prórroga en el tiempo los convirtió en situaciones normales. Los educadores más afectados por la medida son los de secundaria, alcanzados por una problemática como la deserción que se produce en el ciclo Orientado.
En este sentido, las escuelas comienzan con una matrícula inicial que permite la apertura de secciones. Sin embargo, muchos de esos alumnos no llegan al final de la trayectoria. Es por eso que algunas instituciones ocultan esa realidad para poder mantener las divisiones y así también conservar fuentes de trabajo. En esta trama hay una cadena de responsabilidades que durante años evitó controlar y ajustar en educación por el drama social que genera como consecuencia. Más aún si se tiene en cuenta que Catamarca es prolífica en carreras de formación docente y genera gran cantidad de egresados que tardan años en conseguir trabajo.
En 2020, el Gobierno pretendió realizar algunos cambios en Educación superior cuando se pretendía sacar de la órbita del Ministerio de Educación a los Institutos de Estudios Superiores para que pasen al entonces Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica y a partir de allí realizar una limpieza profunda. Hubo una fuerte resistencia social a la medida por el temor del cierre de carreras. Finalmente, no pudo concretarse. La ex ministra Eugenia Rosales Matienzo no tuvo la cintura política para manejar el conflicto y, además, el Gobierno la dejó en soledad en el campo de batalla. La calma llegó con su salida del Poder Ejecutivo y el proyecto no prosperó.
Esta vez el contexto es diferente. Las medidas que ya comenzaron a notificarse a través de los equipos directivos no son nuevas. Son fórmulas conocidas para aplicar el ajuste. La diferencia es que ahora el Gobierno apoyará su discurso en la responsabilidad del Gobierno nacional. Habrá que ver cuánto impacta en la imagen del Gobierno provincial y si decide correr el riesgo.
Ajustar el cinturón en un sector como Educación exigirá de la política otras medidas para contribuir a achicar el gasto del Estado. Con el tiempo se verá hasta dónde se anima el Gobierno a ceñir.n
