En su oposición a la prórroga la prisión preventiva para un adolescente en conflicto con la ley penal, el defensor Daniel Véliz planteó las severas deficiencias que impiden al sistema dar respuesta a un problema estrechamente ligado con las adicciones y el sentimiento de fracaso irremontable que cunde en los sectores excluidos y marginados. Es una tragedia que emerge cada tanto con casos puntuales, pero no forma parte de la agenda de debate público a pesar de su gravedad.
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Vidas arrumbadas
“Él está en el Centro de Detención Santa Rosa –consignó Véliz-. Se encuentra alojado en un centro que no cumple con los estándares internacionales para la detención de un menor de edad. Acá la culpabilidad la tiene el Estado, la tiene el Poder Ejecutivo en cabeza del Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Desarrollo Social, que son quienes no brindan un centro de detención especializado como corresponde”.
Añadió que el muchacho transcurre en el instituto “un tiempo inútil”, y aunque valoró la predisposición del personal destacó que “lamentablemente no tienen los recursos o no los saben implementar”.
El alegato del defensor fue avalado por la asesora de menores Sandra López Gardel, quien coincidió con que el Centro Juvenil Santa Rosa “no reúne las condiciones” para alojar a un menor de edad.
El Centro Juvenil Santa Rosa funciona en la órbita de la Secretaría de Familia del Ministerio de Desarrollo Social. En diciembre del año pasado, el juez Penal Juvenil Rodrigo Morabito resolvió que “en el plazo improrrogable de seis meses a contar desde la notificación de esta sentencia”, el Estado debía “crear o adecuar una institución especializada en todos sus aspectos, incluso con personal especializado para jóvenes en conflicto con la ley penal”.
La orden judicial obviamente no fue acatada. Parte del predio en el que funciona el Centro fue cedido a cooperativas de Valle Viejo. Al parecer, se intenta articular una coordinación entre el trabajo de estas cooperativas y la función de contención a los adolescentes que debería cumplir el dispositivo.
La dimensión del problema, sin embargo, excede la buena voluntad de los funcionarios y las competencias de un Ministerio. Requeriría un abordaje más profundo, porque la cuestión no es el Centro Santa Rosa sino la inoperancia de todo un sistema incapacitado para rescatar a los adolescentes menos de las garras del delito que de un destino trágico.
Los fundamentos que el juez de Control de Garantías del Tribunal Penal Juvenil, Fabricio Gershani Quesada, desplegó para sustentar la extensión de preventiva exponen la encerrona. Recordó que “las modalidades de los hechos cometidos por el joven encartado –delitos contra la propiedad (ingresando a domicilios con sus moradores adentro)- incluyen violencia contra mujeres y lesiones provocadas por el uso de armas”. El joven tiene un frondoso prontuario, en una escalada de violencia.
No se sometió a las pericias psiquiátricas y psicológicas que se le impusieron en anteriores casos.
“Se le impuso la obligación de fijar domicilio y no mudarlo y tampoco cumplió. Se le ordenó asistir a la Fiscalía a firmar planilla y no compareció ni una vez. Tampoco realizó el tratamiento por sus graves problemas de adicciones y obviamente no cumplió con la disposición de no reincidir en el delito. Ello sin contar que no estudia hace años, no trabaja ni realiza ningún tipo de actividad útil ni para él ni para la sociedad y su estado social es de absoluta vulnerabilidad, estado casi en situación de calle y abandonado desde muy pequeño por su familia”, abundó Gershani.
Es decir: no queda otro remedio que mantenerlo encerrado en el Centro Santa Rosa, aunque el instituto no le sirva para mucho más que esperar hasta que le lleguen los 21 años y pueda ser trasladado al penal, porque liberarlo equivale a una condena todavía peor, con el agregado de la amenaza que representa para terceros.
Un Estado renuente a abordar el drama, lo arrumba y lo esconde para no incomodar a las buenas conciencias.